Euskadi ante la multirreincidencia: ¿Por qué sigue en libertad un delincuente detenido 10 veces en un año?

Judicialmente, se considera reincidente a quien haya sido condenado en sentencia firme al menos en una ocasión por el mismo delito. Pero, ¿cómo es posible que un individuo que suma una decena de arrestos por robos con violencia en un año, siga en libertad? EL CORREO ha consultado con policías y jueces vascos cuáles son los motivos por los que la multirreincidencia se considera como uno de los fenómenos que engorda las estadísticas de criminalidad.

Entre 2019, año anterior a la pandemia, y 2024, un tercio de los 37.000 detenidos por la Ertzaintza y las policías locales en Euskadi, tenía tres o más arrestos anteriores por la misma tipología delictiva, según reveló el consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, durante la presentación de un informe de seguridad pública en el Parlamento vasco. El saiburu se mostró «preocupado» por la «reincidencia» en Euskadi y partidario de profundizar «en la coordinación entre jueces y fiscales» para «atajar la sensación de impunidad». El Gobierno de Imanol Pradales ha marcado un giro en su discurso al fijar la seguridad como uno de sus principales retos.

Sólo el año pasado fueron detenidos en el País Vasco 850 individuos que habían pasado ya por los calabozos al menos una vez acusados del mismo delito, lo que supone el doble que en 2019. Hasta el pasado mes de agosto, el número de arrestados que reincidían se elevaba a los 539, más de dos al día. La inmensa mayoría de los casos son ataques contra el patrimonio, como hurtos, robos con violencia (sobre las personas) o robos con fuerza (en comercios o coches).

«La solución óptima son los juicios rápidos, pero se necesitan más juzgados», plantea el juez decano de Bilbao, Aner Uriarte, que prefiere hablar de «reiteración delictiva». Tanto el alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, como el consejero Zupiria, apuestan por impulsar esta vía de los procedimientos judiciales urgentes para luchar contra la creciente delincuencia, que en sus últimas intervenciones atribuyen en parte a los «extranjeros sin arraigo».

¿Cuál es el proceso? «Empieza con la decisión de la Policía», explica Uriarte. Son los agentes que completan el atestado en la comisaría quienes deben proponer que se juzgue con premura. Y se limita a aquellos delitos que no superan los cinco años de pena (quedan excluidos los delitos sexuales), «en los que se pueden recopilar todos los indicios en poco tiempo. Aunque luego el juez puede decidir que no». Conlleva practicar todas las diligencias para elaborar un escrito de acusación en el mismo día y se les cita a la vista oral en uno o dos días.

Una de las principales ventajas de los juicios rápidos, que se aplican desde 2003, es que, «si existe conformidad, es decir, un acuerdo entre el fiscal y la defensa, se puede llegar a una condena firme en el momento». Si el acusado asume los hechos, se le rebaja la pena en un tercio. En caso de que no lleguen a un pacto, «se le emplaza en dos o tres semanas en un juzgado Penal, lo que amplía las posibilidades de adoptar prisión preventiva porque se sabe que en dos semanas en lugar de meses va a haber juicio».

Los juicios urgentes obligan a los cuerpos policiales, también diezmados de personal, a presentar los atestados en menos tiempo, lo que supone una complicación, pero «es una respuesta penal, definitiva y rápida», defiende el juez decano. Esta vía se está intentando potenciar en las comisiones de seguridad que de forma periódica reúnen a las distintas policías con la judicatura.

Inicialmente, estos procesos exprés se reducían a delitos de seguridad vial, pero cada vez se juzgan más los ataques contra el patrimonio, incluso robos con violencia, que generan mayor alarma social. A veces, no resulta fácil, porque si hay un lesionado, se tiene que curar antes por lo que no hay posibilidad de celebrar un juicio rápido. «Es una buena solución para el que roba muchos móviles y para el que saca la navaja y amenaza», defiende el portavoz de los jueces de la capital vizcaína.

«De nada sirve que exista una regulación sobre la reincidencia, si luego tardo seis meses en juzgar un delito de hurto», advierte un juez instructor destinado en una localidad vasca. Estrategias dilatorias de la defensa, como solicitar un informe de imputabilidad, que deben realizar los forenses, los recursos que caben ante la Audiencia provincial y otras instancias o los peritajes de objetos robados, entre otros, dilatan la instrucción, lo que obliga a transformar el procedimiento en diligencias normales y provoca que no haya una condena «hasta que han pasado dos años». Por tanto, hasta ese momento no se puede aplicar la agravante de reincidencia, que supone elevar en un grado la pena. Para subir en el escalón del delito leve (un robo al descuido) a delito menos grave, que se castiga con prisión, se requiere ya de «cuatro condenas firmes por robos que superen los 400 euros». En esos casos, además, la pena se puede suspender o sustituir por la expulsión o por servicios en beneficio de la comunidad.

La opinión generalizada entre los magistrados pasa por que «agilizar la administración de justicia requiere más juzgados, más forenses y más peritos».

Algunos hurtos, el típico robo de cartera al descuido, se saldan con una multa de 60 euros como condena. «¿Qué reproche penal ven ahí? Es absurdo», plantea un policía municipal de Bilbao. El agente conoce casos de individuos fichados «que tienen dos hojas de antecedentes. Se les ha detenido o reseñado 50 veces. Cuando les ves por la calle, ya les conoces. Te dan una descripción por emisora de cómo iba vestido un tío al dar el palo y sabes que es él, así que le pillas con el móvil encima». 'El lechuga', 'el italiano'... son algunos de los cacos más famosos de los últimos años en Bilbao por acumular un extenso currículum delincuencial. La sensación extendida entre los policías es que «los jueces son demasiado laxos».

Las multas de hasta tres meses con una cuota diaria por delitos leves suelen oscilar entre los 60 y los 180 euros, de media. Pero, «la cuantía se fija en función de lo que ganes. Por el robo de un móvil que cueste menos de 400 euros, si eres un indigente, la multa será de dos euros diarios, o sea 180 euros, pero si lo comete Nico Williams, serán 90 días por 400 euros, 36.000 euros», explica el magistrado. Si el condenado se declara insolvente, se puede cambiar el castigo por trabajos en beneficio de la comunidad o por la localización permanente.