Espera siete años para recibir un piso social y se lo adjudican con okupas

Se quedó en lista de espera, pero uno de los agraciados renunció, y tras siete años aguardando una oportunidad, la llamaron. El 23 de octubre aceptó el apartamento 5 del segundo piso del número 3 de la calle Ortutxueta, muy cerca del Hotel Gran Bilbao. «Fui llena de júbilo al Gobierno vasco, porque ya había perdido cualquier esperanza». Según explica Nerea, «la funcionaria me dijo que contactarían conmigo en el plazo máximo de un mes. Con la precariedad que existe en el empleo juvenil, era mi única oportunidad para emanciparme. El panorama en Bilbao, una de las ciudades más caras para vivir y con un alquiler medio de 800 euros, está imposible». El mes pasó. En un principio, la dijeron que «la entrega se estaba demorando un poco y que no me podían decir más». Pero nadie se puso en contacto con ella. Tras varios requerimientos, reconocieron que «parecía que se habían metido okupas dentro».

«Desconcertada, y después de esperar un tiempo, acudí a Alokabide, desde donde me mandaron al Gobierno vasco. Allí fui dos o tres veces a hablar con la persona que me alertó por teléfono, pero no me recibió. Durante semanas me presenté, llamé e insistí. Y cuando conseguí transmitirle mi indignación por la injusticia que se estaba cometiendo conmigo, me dijo que bastante suerte había tenido», denuncia. «Ahora, han pasado ya casi ocho meses y no puedo vivir en el piso que me tocó porque hay okupas dentro», se lamenta. La «única solución que me ofrecieron fue renunciar, pero perdería esta oportunidad. Y a saber si me vuelve a tocar otro piso», relata.

Nerea se cuestiona si Etxebide y Alokabide realizan una gestión adecuada del parque público de viviendas. «¿Las adjudican sin antes comprobar su estado? ¿A quién van destinadas? ¿Las cuidan adecuadamente? ¿Cuánto tiempo ha estado vacía para que puedan meterse dentro?». También duda de «si realmente se tiene en cuenta a los jóvenes vascos con empleos precarios y sueldos bajos, que no tienen ayudas como la RGI y que no nos podemos emancipar si no es exprimiendo a nuestros familiares». En su opinión, «a la gente joven no se le ayuda». «En el escenario laboral en el que nos movemos, los que no tenemos padres que nos ayuden a comprar un piso lo tenemos claro. ¿Dónde está nuestro derecho a una vivienda digna?», expone.

El Departamento de Vivienda del Gobierno vasco asegura, a través de un portavoz, que acudieron a inspeccionar el piso antes de entregarlo a su nueva inquilina y la cerradura estaba cambiada. Tardaron meses en identificar a la persona que lo ocupaba. «Tiene algo de familia y antecedentes por hechos similares», detallan desde la consejería. El juez ya ha ordenado el desalojo y le ha condenado a una multa, aunque ha apelado. El Gobierno ha conseguido la ejecución provisional de la sentencia y deberá abandonar la vivienda. Pero aún pasará tiempo hasta que Nerea pueda entrar a su casa. «Lo más seguro es que haya que limpiarla y arreglar los desperfectos», reconoce. Es el tercer caso del año que afecta a propiedades del Departamento en Bizkaia: los okupas también han tomado una lonja de Barakaldo y un piso social en Santurtzi.