«Había que entregar los paquetes sí o sí y no teníamos contrato»
Juzgan a dos socios de una empresa de transporte por contratar a un inmigrante irregular, que sufrió la amputación de un dedo en el reparto
«El paquete había que entregarlo sí o sí, a toda costa, dejarlo en el felpudo, al vecino, en el bar, por encima de la ... valla...». Cristian Ospina, de 32 años, y su hermano mayor, Nelson, acababan de llegar de su Colombia natal el 21 de mayo de 2022. Al de pocos días empezaron a trabajar en una empresa de reparto. No tenían contrato ni permiso de residencia porque estaban en situación irregular y lo sabían los dos administradores de la firma, también de origen inmigrante. Ayer ambos fueron juzgados en Bilbao por un delito contra los derechos de los trabajadores.
El 11 de junio de ese mismo año, el menor de los hermanos sufrió un terrible accidente laboral. Tras un periodo mínimo de prueba y aprendizaje, empezaron a hacer reparto juntos en una furgoneta alquilada facilitada por la empresa. Italo, nombre de uno de los acusados, les incluyó en uno de los chats de whatsapp que utilizaban para encargar las rutas. Aquel día, tenían que entregar unos 70 paquetes llegados desde Madrid.
Salieron de la nave sobre las nueve de la mañana y, sobre las diez y cuarto, Cristian llamó a un comprador para confirmar la entrega de un paquete delicado de unos 10 centímetros por 1,50 metros. «El cliente me pidió que lanzara el objeto por encima de la valla», según declaró ayer ante el juez. Con el consentimiento del receptor, el joven se subió al muro y, al intentar bajar, «la verja se me enganchó en el anillo y perdí el dedo» pequeño de la mano derecha, recordó en la sala.
«Me presionaron»
Su hermano le esperaba al volante de la furgoneta preparando el siguiente pedido. «Se había quitado la camiseta y la llevaba envuelta en la mano. Llévame rápido al hospital que me acabo de arrancar un dedo», le soltó con el gesto demudado. Cuando se lo comunicaron a los responsables de la empresa, «nos pidieron que no dijéramos que estábamos trabajando porque la multa era terrible y nos quedaríamos sin trabajo nosotros y ellos».
Cristian ingresó en el hospital de Galdakao. «No teníamos seguro médico y no teníamos dinero ni para medicamentos para el dolor», lamentó Nelson. A partir de ese momento, «nos borraron de todos los chats de grupos y aplicaciones» y no terminaron de pagarles el sueldo. «Trabajábamos desde las nueve de la mañana hasta que terminábamos de repartir todos los paquetes, a veces hasta las siete de la tarde, por nada o por 20 euros al día, incluidos sábados y domingos».
Italo y el otro acusado, Alexandro, alegaron que «siempre trabajábamos con autónomos y ellos ponían sus vehículos». Ambos aseguraron que estaban «enseñando un oficio» a los hermanos y que aquel día les encargaron una ruta. «Me presionaron, insistieron en que querían trabajar», reconoció Italo. «Somos personas rectas. Fue un error de nuevos empresarios. Los empleados terminan teniéndonos mucho afecto por el buen trato. Soy italovenezolano, vengo de una dictadura a trabajar en este país», declaró Alexander en su turno de última palabra.
La Fiscalía pide para ellos tres años y la acusación particular, que ejerce el despacho Gómez Menchaca, cinco, además de una indemnización de 30.000 euros por las secuelas. «Ha perdido fuerza en el agarre de objetos», confirmó la forense. Las defensas entienden que «no hubo relación laboral», que «la culpa exclusiva fue de la víctima» y que «no hubo explotación ni penosidad».
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