«Están emergiendo muchas situaciones de violencia de hijos a padres»

Fernando Álvarez Ramos, coordinador de estos grupos dependientes del Departamento de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno vasco, y formados por psicólogos, trabajadores sociales, educadores y administrativos, distingue dos «ejes fundamentales» del trabajo. Uno de ellos es «la justicia restaurativa juvenil», con la que buscan «la reparación directa entre menor infractor y víctima» como alternativa al juicio. El otro es la «elaboración de informes y el asesoramiento durante todo el proceso» a los jóvenes infractores.

El documento es «lo más importante», porque se aproximan a las particularidades de cada menor «para que el juez adecue las medidas» a sus circunstancias. «Son sentencias a la carta. Si dos adultos roban con intimidación, tienen ambos la misma pena, pero en los menores, depende de su situación, tendrán una medida distinta», expone.

Por un lado, detalla, «destacamos las características del menor», desde «a qué colegio va, en qué familia está inserto, si consume sustancias, qué amigos tiene…». Por otro, proponen «una medida, que todas tienen que ser educativas». La ley establece dos tipos: los internamientos, «para casos más graves», y que pueden ser «terapéuticos cuando hay necesidades de salud mental, cerrados, semiabiertos…», y las medidas «de medio abierto, como trabajo en beneficio comunidad, libertad vigilada, asistencia a centro de día…».

En los equipos psicosociales ven «de todo», aunque lo más habitual son «delitos contra las cosas», como «robos y hurtos». Los incidentes con violencia «son menos habituales», pero requieren «de un tratamiento más intenso». Aún así, están apreciando que «últimamente están emergiendo muchas situaciones de menores denunciados por violencia filioparental o por bullying». También les llegan casos de «violencia de género adolescente y acoso mediante redes sociales».

La de los menores, puntualiza, es «la única jurisdicción» en la que el informe es «obligatorio» en un plazo «de 15 días», aunque si es de «mucha complejidad» disponen «de un mes». Y cumplir con las fechas es complicado. «Al que hizo la ley se le olvidó que las fiscalías no los piden uno a uno, sino que igual un día te llegan 20 solicitudes», asegura.

Cuando llegan las peticiones, lo primero es «estudiar el expediente, que a veces llega con informes médicos y psicológicos, de la ejecución de medidas porque han tenido una pena anterior…». Posteriormente, establecen una cita con el menor y su representante legal, que puede ser alguno de sus padres «o la Diputación» y establecen «una coordinación con otros servicios, si por ejemplo está yendo a un centro salud mental, o si tiene dificultades en el colegio hablamos con el centro…».

El equipo psicosocial de los juzgados también elabora informes para el ámbito penal y para procesos de familia. Y en el primer caso, lamenta el coordinador, Fernando Álvarez Ramos, «lo que más hacemos son de violencia sexual», con los niños y adolescentes como víctimas, y de «maltrato y violencia de género» que ejercen sus padres contra sus madres.

Si en el ámbito de menores infractores trabajan con chavales desde los 14 a los 18 años, en estas esferas tienen afectados o testigos mucho más pequeños. «Las declaraciones judiciales las hacemos nosotros, y es mejor realizarlas con 3 años para arriba, porque los niños pequeños tienen poco lenguaje, confunden palabras y parece que se están contradiciendo», explica. En ocasiones, por ejemplo, no son capaces de determinar si un hecho fue ayer o hace un mes, pero eso no significa que estén mintiendo.

Cuentan en el servicio con protocolos para desarrollar estas entrevistas y con formación especializada, ya que entienden que es clave que estas declaraciones se hagan bien. En ese sentido, explica, cuando es así, «aumentan las condenas de los investigados al tomar los jueces estas declaraciones como prueba».

En el ámbito familiar, por su parte, los procesos que les llegan, generalmente divorcios, son «muy contenciosos» y los equipos elaboran «informes de capacidades parentales asociadas a la custodia». «Más allá de si hay instrumentalización o no, la propia inclusión de un niño en el conflicto le va a generar consecuencias a nivel psicológico muy potentes», advierte.