Sindicatos y patronal vascos recelan de la nueva formación para el empleo

Una de las novedades clave de la nueva regulación es la retirada a los agentes sociales de su capacidad de gestionar fondos en la impartición de cursos, papel que a partir de ahora recae en los centros de formación, que trabajarán en este ámbito en un entorno de competencia. La normativa carece aún de desarrollo reglamentario, del que dependerá en buena medida el grado de satisfacción de los agentes sociales, para quienes reserva el papel de diseño estratégico de los cursos, el control, la evaluación, etc.

Desde Confebask, su responsable de formación, Asier Aloria, muestra el «escepticismo» de la organización empresarial sobre la norma. «No creemos que vaya a mejorar el sistema que hemos tenido hasta ahora en Euskadi», que mantenía «importantes diferencias con el estatal», señala. Y eso después de que en el trámite parlamentario de convalidación del decreto-ley se hayan incorporado numerosas enmiendas que han acercado el texto a las demandas empresariales.

El nuevo sistema dependerá mucho, precisa Aloria, del reglamento que desarrolle la ley, pero ya puede observarse que es «muy intervencionista y rígido» y coarta muchas posibilidades de actuación, por lo que no cree que vaya a «adaptarse a las necesidades de las empresas vascas más que la fórmula vigente hasta ahora».

Consciente de que los casos de fraude han propiciado ese intervencionismo, no aprecia, sin embargo, que aporte nada nuevo en la comunidad autónoma vasca, donde la fundación Hobetuz ha realizado un fuerte control, seguimiento y evaluación de esta materia durante años.

Además, según Confebask, el papel protagonista que se quiere dar a los centros de formación en el reciclaje de trabajadores ya existe en Euskadi. Es precisamente a esos centros a quienes las patronales han encargado hasta ahora la impartición de los cursos que ellas diseñaban, una facultad que la nueva norma les ha retirado.

«Bastante negativa»

La patronal vasca, no obstante, tiene pendiente analizar con detalle la reforma y valora la existencia de una disposición adicional que reconoce la situación especial que confiere a Euskadi el Concierto Económico.

Por su parte, CC OO de Euskadi es más crítica y muestra una opinión «bastante negativa» sobre la ley que entra hoy en vigor. Pese a que el texto ha sido mejorado en el Congreso frente al contenido del decreto-ley original, Loli García, responsable de formación de la central, considera que existirá menos control por parte de los Servicios Públicos de Empleo en el caso de las iniciativas de formación diseñadas por las empresas, y lamenta que «la participación de los representantes de los trabajadores es casi nula». Además, alerta de que «se otorga un papel muy importante a las consultoras de formación y a la intermediación, lo que favorecerá el fraude».

Y aunque reconoce que era necesaria la renovación del sistema, cree que abre la puerta a la privatización de la formación continua en favor de los grandes grupos empresariales dedicados a esta materia.

También advierte de que se produce una invasión competencial de las materias transferidas al País Vasco en las políticas activas de empleo y de que no se permite hacer otro tipo de formación que la fijada a nivel estatal, ni aunque la financie la comunidad autónoma con su propio presupuesto.

En contra de la opinión empresarial, Comisiones Obreras señala que la ley no defiende el protagonismo de los centros públicos de FP, porque tiene «detrás un interés económico de privatización».

Por su parte, UGT de Euskadi hace suya la opinión de la confederación estatal de la central, que ayer mismo valoraba la reforma del Sistema de Formación Profesional para el Empleo, aunque recordó que «hay cuestiones esenciales pendientes de desarrollo reglamentario». Hay asuntos que no están bien definidos en la ley, añadió, que requieren «discusión, concreción» y el acuerdo de los agentes sociales, extremo que reclama al Gobierno.

ELA, el principal sindicato vasco, ya valoró en su día negativamente la reforma, que en su opinión tiene como objetivos reducir el papel de las organizaciones sindicales y empresariales y aumentar la «centralización» del actual modelo. No obstante, su responsable de área, Mikel Noval, considera que también es una oportunidad para acabar con «un sistema perverso» en el que «la calidad de la formación queda en un segundo plano al primar los intereses económicos».

Así mismo, reclama que la capacidad de decisión en las políticas de empleo radiquen en el País Vasco, ya que lo contrario supone «una invasión competencial», y que sea su Ejecutivo el que gestione los recursos económicos ligados a las políticas de empleo que se lleven a cabo por la Administración vasca.