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Los autores del informe sobre el fraude fiscal en Euskadi acusan de falta de transparencia a las diputaciones

Sostienen en el Parlamento que el método elegido por el Gobierno vasco no fue el mejor para medir la economía sumergida en el País Vasco

Manu Alvarez

Lunes, 20 de junio 2016, 12:56

«¿Cuánto recaudan las haciendas vascas en la lucha contra el fraude? Imposible saberlo porque cada una contabiliza cosas diferentes. ¿Cuántos inspectores fiscales hay en Euskadi? Yo no lo sé. Creo que alguno de los misterios de Fátima está menos guardado que la información sobre el fraude fiscal en las diputaciones», ha asegurado hoy el catedrático Ignacio Zubiri en el Parlamento de Vitoria.

Zubiri ha comparecido en la Comisión de Economía y Hacienda de la Cámara vasca junto con los también catedráticos María del Carmen Gallastegui y Javier Fernández Macho para presentar las conclusiones del trabajo que han hecho por encargo del Ejecutivo vasco para evaluar el fraude fiscal en Euskadi. Los autores del trabajo han coincidido en que el Gobierno impuso «métodos standard» para realizar este trabajo cuando, en realidad, «hubiera sido más efectivo utilizar un análisis impuesto a impuesto, como hacen otros países avanzados». Los autores, y especialmente Zubiri, han sido muy críticos con la escasa transparencia de las diputaciones, al parecer muy reacias a facilitar datos reales y concretos sobre la actuación en la persecución de la economía sumergida. «No sé si se hace mucho en contra del fraude", ha asegurado Zubir. «Lo que sí es cierto es que la sociedad cree que no porque así lo indican las encuestas».

El informe, como ya es conocido, ha revelado que el fraude fiscal en Euskadi, estimado por métodos indirectos y macroeconómicos, se puede evaluar en unos 3.700 millones de euros al año, de los cuales 2.320 corresponden a recaudación que debería ingresarse en las arcas de las haciendas forales. El resto corresponde al Estado y principalmente a la Seguridad Social.

Entre las vías para atajar el fraude, los catedráticos han recomendado, además de establecer un observatorio permanente, el refuerzo de la plantilla de inspectores. «Es un servicio que se paga a sí mismo», han concluido.

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