Fiscalidad y bienestar colectivo

Se puede pensar que como este año la recaudación crece a buen ritmo, no es necesaria una reforma fiscal. Dejando al margen que una parte importante del aumento es inflación y que al final de año es cuando se verá el crecimiento real de recaudación, la reforma es necesaria porque el diseño de un sistema fiscal debe responder a necesidades estructurales y no a cuestiones coyunturales. Debe aportar de forma continuada los recursos que la sociedad demande y hacerlo de forma que sea percibida como justa. Tanto en lo relativo al nivel como a la equidad de la recaudación los sistemas fiscales vascos son manifiestamente mejorables. Por ello se necesita una reforma estructural más que un parcheo coyuntural.

La reforma debe empezar haciendo que el IRPF grave realmente la capacidad de pago y minimice exenciones, bonificaciones y deducciones. El objetivo es quitar incentivos y beneficios inefectivos e injustos (planes de pensiones y otros), cerrar vías de elusión y limitar las ayudas (vivienda y otras) a quien las necesite sacándolas, además, del IRPF. También se debe eliminar la dualidad, cambiar la tributación de ciertas rentas (plusvalías y otras plurianuales), recuperar la transparencia fiscal (para evitar, entre otras cosas, las empresas interpuestas), sancionar la elusión, indiciar el impuesto, etc.

El Impuesto de Sociedades debería gravar los beneficios económicos reales, limitando las bonificaciones a casos justificados por ineficiencias de mercado. Esto implica eliminar incentivos y bonificaciones (patentes y otras), acotar ciertas deducciones de la base (intereses, deterioros contables, etc.), limitar la compensación de pérdidas de ejercicios anteriores, revisar los regímenes especiales, en particular el de grupos consolidados, y elevar los requisitos para la exención de dividendos y plusvalías. También habría que eliminar las deducciones incentivadoras, salvo la de I+D cuando esté justificada por imperfecciones de mercado. Se debería establecer una tributación mínima en función de los beneficios reales (contables) y gravar la deslocalización artificial de beneficios.

Los empresarios se oponen a reformas que aumenten sus impuestos. Para ello exageran los efectos económicos de estas reformas. Nadie discute que los empresarios sean importantes. Pero deben asumir sus responsabilidades económicas y sociales. Las primeras se derivan de que reciben muchas ayudas gratuitas del sector público (capital humano, infraestructuras, regulaciones, subvenciones, avales, préstamos). Las segundas, de su pertenencia a una sociedad a la que ética y legalmente deben contribuir. Cabe señalar que los empresarios sujetos a las normas vascas no pueden quejarse en comparación con los del resto de España porque casi todos los elementos del impuesto (incluido el tipo impositivo para empresas pequeñas) son más favorables.

Los demás impuestos directos (Patrimonio y Sucesiones) y los tipos de los indirectos sobre los que hay capacidad normativa también deberían revisarse. Además, hay que intensificar la lucha contra el fraude y hacer que los contribuyentes sientan que defraudar no es rentable. Para esto hay que aumentar la probabilidad de detección (más recursos, información, inspección, etc.), el coste de ser detectado (aplicar sanciones sin reducciones, revisión de todas las declaraciones pasadas y futuras, etc.) y la eficacia en el cobro de las deudas. Hay que cerrar vías de elusión, ampliar las responsabilidades solidarias, tipificar como delito comprar sin IVA, adoptar medidas antiparaísos, favorecer la cooperación voluntaria de las empresas (permitiendo que las colaboradoras puedan publicitarlo) y regular la asesoría fiscal. El Parlamento debe controlar la actuación de las haciendas definiendo y usando indicadores adecuados de la eficacia de la lucha contra el fraude. Un observatorio fiscal mejoraría la visibilidad de la lucha contra el fraude, aportaría información, nuevas ideas, análisis económicos, sociológicos y fiscales, comparaciones con otros países y una contrastación independiente de la lucha contra el fraude.

Las discrepancias entre el Gobierno vasco y las diputaciones sobre las reformas revelan algunos de los problemas del modelo fiscal interno. Para obtener más, quien recibe el 70% de la recaudación (GOVA) necesita el visto bueno de quien apenas se queda con el 15% (diputaciones). Incluso si esas diputaciones aceptan subir impuestos, para que el Gobierno pueda aumentar su gasto en un euro, los impuestos deben aumentar en 1,4. Esto es, para que el Ejecutivo pueda gastar un euro más, el resto (diputaciones y ayuntamientos) tiene que gastar 0,4 más. En cierta forma, para que se pueda gastar más en sanidad hay que gastar más en semáforos. Estos problemas se añaden a otros que tiene el modelo: incentivos para no subir impuestos, ausencia de redistribución entre territorios, medición incorrecta de los coeficientes de aportación, inconsistencias lógicas y paradojas como que lo mejor para un territorio es que su coeficiente de aportación sea algo más alto que su capacidad recaudatoria.