Los tratados comerciales: ¿oportunidad o amenaza para Euskadi?

Los tratados comerciales que la Unión Europea negocia con Estados Unidos (el TTIP) y Canadá (CETA) despiertan, como máxima expresión de la economía globalizada que son, sentimientos muy encontrados entre los diferentes agentes políticos, sociales y económicos en las respectivas áreas geográficas afectadas. No en vano, hablamos de acuerdos que pueden cambiar de forma sustancial no sólo el volumen de intercambio de mercancías entre Europa y los dos colosos norteamericanos, sino que también la manera de regularlo. Pero, ¿cómo se ve desde Euskadi este intento por estrechar los lazos comerciales entre mercados que suman casi un tercio del Producto Interior Bruto (PIB) mundial y 800 millones de habitantes? Pues, a modo de resumen, se podría decir que el Gobierno vasco y la patronal de empresas ven a TTIP y CETA como una oportunidad de desarrollo, mientras que en el otro lado, los sindicatos perciben una amenaza clara para la soberanía de los países en materias tan sensibles como la sanidad, el medio ambiente o la legislación laboral.

Conviene aclarar que los posicionamientos respecto a estos acuerdos comerciales descansan muchas veces sobre ideas predefinidas en el gran debate general sobre la globalización, o en experiencias anteriores como el NAFTA entre Estados Unidos, Canadá. Y esto es así porque las negociaciones del TTIP y el CETA -iniciadas hace tres años- se han llevado con un alto grado de secretismo, apenas roto por alguna filtración que ha servido para ofrecer algunas pinceladas del polémico acuerdo.

En el primer caso, el acuerdo -que parecía inminente hace unos pocos meses- se encuentra prácticamente paralizado a consecuencia de los recelos que despierta en la opinión pública de países con tanto peso en nuestro continente como Alemania y Francia, y por el hecho de que uno de los más firmes partidarios de los tratados -Reino Unido- ha cogido la puerta para largarse de Europa. Tampoco el próximo cambio de inquilino en la Casa Blanca ayuda a impulsar las negociaciones. En lo que respecta al CETA, su firma estaba prevista para el pasado jueves, pero las reticencias de la región belga de Valonia a ratificarlo -es necesario el visto bueno de todos los socios europeos- ha aplazado su rúbrica al menos unos días. «Lo que se pensaba que iba a ser un paseo se ha complicado porque, aunque se ha negociado en secreto, la crítica al TTIP ha afectado mucho al proceso de ratificación del CETA», sostiene Laura González de Txabarri, responsable del Departamento Internacional del sindicato ELA.

Ambos tratados no son equiparables respecto a su magnitud, ya que hablamos de mercados muy distintos en cuanto a tamaño. El estadounidense tiene una gran relevancia para la economía vasca: es el tercero en cuanto a las exportaciones en los últimos cuatro años, sólo superado por Francia y Alemania. Además, es el primer destino de las inversiones empresariales vascas: entre los años 2000 y 2015 ascendieron a 18.800 millones de euros (según la SPRI), en gran medida gracias al impulso de dos colosos de la economía vasca como Iberdrola y BBVA. Las empresas vascas con actividad en Estados Unidos ascienden a 75, mientras que en Euskadi se asientan 80 filiales de compañías estadounidenses. El flujo comercial con Canadá se resume en unas exportaciones por valor de 104,7 millones de euros (datos de 2014), fundamentalmente de metales y sus manufacturas, y material eléctrico. Las importaciones ascendieron en ese año a 99 millones de euros, en su gran mayoría de productos minerales.

«Primos hermanos»

Sin embargo, TTIP y CETA «son primos hermanos», en opinión de González de Txabarri, en tanto que se sirven «de los mismos instrumentos» para establecer las reglas del juego comerciales entre las zonas geográficas. La sindicalista se hace eco de dos de los grandes argumentos que esgrimen los opositores a estos tratados comerciales. Uno de ellos, el que afecta a su regulación. Entre los objetivos del TTIP y CETA están, además de eliminar los aranceles, armonizar las legislaciones en materia laboral, medioambiental, y facilitar la homologación de productos. Eliminar, en fin, trabas al comercio. «Esto supone un riesgo para las regulaciones que ya existen. Porque, cuando hay una diferencia entre los niveles de protección de ambas zonas geográficas -en general, más permisivos en Estados Unidos-, se llevará a cabo una armonización a la baja. Y eso abre además la puerta a que los grandes 'lobbies' de la economía mundial incidan en los procesos legislativos del futuro», sostiene González de Txabarri.

Eduardo Aretxaga, director general de Confebask, aboga por «no ser alarmista respecto a algo que aún no existe, porque no hay ningún acuerdo cerrado que dañe ningún aspecto». En su opinión, el hecho de tener acuerdos de libre comercio con zonas tan relevantes como Estados Unidos y Canadá «facilita la mayor presencia de productos de nuestras empresas en estas economías. Además, Estados Unidos está abriendo espacios de libre comercio con otras partes del mundo. Y Europa no se puede quedar en fuera de juego».

El desencuentro de opiniones respecto a este tipo de acuerdos tiene muchas vertientes. Una de ellas, acerca de a quién benefician los tratados internacionales. Según Jesús Ferreiro, profesor de la Facultad de Economía y Empresa de la UPV-EHU, «y es lo que dicen los expertos, podría ser muy beneficioso para la pequeña ymediana empresa, más allá de lo que se habla de las multinacionales. Y, fundamentalmente, a las de tipo industrial. Y teniendo en cuenta la composición de las empresas vascas -porque aunque parezca que podemos tener medianas empresas, de 50-100 trabajadores, en el plano internacional son pequeñas-, los acuerdos pueden ser positivos». «Al final, las grandes empresas ya tienen capacidad para solventar problemas y obstáculos. Cuando se alcanza un acuerdo que deja diáfano el camino de la exportación-importación o a las inversiones en las respectivas áreas geográficas, resulta beneficios para las empresas de menor dimensión, con menos recursos», añade Aretxaga.

El Gobierno vasco aprecia, en líneas generales, más aspectos positivos que negativos. La consejera de Desarrollo Económico y Competitividad, Arantxa Tapia, consideraba -en respuesta a una interpelación parlamentaria de EH Bildu- que el TTIP es una gran oportunidad para que las pymes accedan al mercado estadounidense. Eso sí, matizaba que la Unión Europea no debía ceder «en aquellos aspectos que forman parte de nuestro modelo económico». El consejero de Empleo y Políticas Sociales, Ángel Toña, reconocía el pasado mes de mayo que el «impropio» secretismo que rodea a las negociaciones impedía conocer las consecuencias que para la economía vasca podría tener el TTIP. Pero añadía que, en la medida que el tratado busca derribar obstáculos al comercio, podría mejorar la competitividad de las empresas vascas por la posibilidad de entrar en un mercado tan jugoso como el estadounidense, lo que a su juicio debería estimular la innovación, la competencia, el empleo y las oportunidades de negocio.

Tribunales privados

Otro foco de polémica alrededor de estos tratados comerciales se sitúa sobre la protección del inversor. Los acuerdos buscan la generalización de tribunales privados, al margen de la justicia ordinaria, para dirimir desavenencias cuando una empresa (por lo general, multinacionales) considera que la legislación de un país en concreto perjudica sus intereses comerciales, «lo que abre la puerta de este tipo de reclamaciones a un mercado enorme», y que permitiría a los grandes inversores «a actuar de manera unidireccional contra decisiones legítimas adoptadas por un Gobierno en cualquier materia», en opinión de González de Txabarri.

El sindicato LAB también denunció en su día que el TTIP «acelerará la pérdida de los derechos laborales, ya que desde la UE se promueve el 'dumping' social. En nombre de la competitividad, el TTIP propugna abrir más las puertas para que las empresas puedan seguir reduciendo los costes laborales».

Tampoco coinciden los diversos estudios que intentan cuantificar el impacto que el acuerdo comercial con Estados Unidos tendría sobre España. Varios informes encargados por la Comisión Europea (Ecorys, CEPR, CEPII y la Fundación Bertelsmann) estiman un crecimiento extra de la renta per cápita de España durante las próximas dos décadas de un 0,31% en el escenario más modesto y de hasta un 6,55% en el más optimista.

En el otro lado de la balanza se sitúan estudios como el llevado a cabo por la Universidad de Tufts o el de la Fundación austriaca de Investigación para el Desarrollo (OFSE), que estiman una contracción del PIB -en este caso, a nivel de la Unión Europea- de entre el 0,2% y el 0,5%, y que las exportaciones se resentirían con un descenso que podría llegar hasta el 2%.