Las haciendas vascas recaudarán este año 473 millones menos de lo previsto

El presupuesto de ingresos de las haciendas forales vascas de este año ha fallado. Era un secreto a voces a la vista de la evolución de los ingresos desde principios de año pero hoy el Consejo Vasco de Finanzas, el órgano en el que el Gobierno vasco y las diputaciones se juntan para hablar de dinero, ha puesto el sello oficial. Según las nuevas estimaciones y a expensas de lo que pueda suceder en la recta final del ejercicio, las haciendas vascas esperan recaudar este año 473 millones menos de lo que habían previsto.

Tanto el consejero de Hacienda del Gobierno vasco, Ricardo Gatzagaetxebarria como los diputados generales de Bizkaia, Álava y Gipuzkoa, han asegurado que este revés en los ingresos fiscales no se va a traducir en una merma de los servicios públicos. El Ejecutivo de Vitoria compensará la merma de ingresos con un mayor recurso al endeudamiento -unos 270 millones adicionales a lo que estaba previsto- gracias a una ampliación de los márgenes de déficit que, previsiblemente, se aprobará la próxima semana en el Congreso. Una medida que en estos momentos es objeto de negociación urgente del PP y la oposición, a la búsqueda de un acuerdo parlamentario que permita superar las rigideces de tener un Gobierno central en funciones. Mientras tanto, las diputaciones -que no disponen de ese recurso de aumentar su endeudamiento- creen que no será necesario aplicar recortes excepcionales y confían cuadrar la liquidación del presupuesto con lo que se conoce como «inejecuciones». Esto es, las partidas que estaban previstas pero que a finales de año no se han ejecutado por alguna razón y cuya cuantía suele situarse en torno al 2% del presupuesto.

Para 2017 diputaciones y Gobierno han dibujado un panorama austero ya que previsiblemente los ingresos crecerán tan sólo un 3,6%. En síntesis, los Presupuestos de las administraciones públicas vascas para el próximo año deberán ser prácticamente calcados a los de 2016 en sus grandes cifras. De ahí que la lógica lleve a pensar que el volumen de dinero libre disponible para adoptar decisiones sobre gasto sea incluso menor, ya que Gobierno, diputaciones y ayuntamientos tendrán que asumir el aumento tendencial de algunos gastos, como es el caso de los salarios de los funcionarios.