Proteger al delator

Personajes como Edward Snowden, empleado de la CIA que filtró en 2013 documentos clasificados como alto secreto sobre varios programas de la Agencia de Seguridad Nacional americana (NSA), incluyendo un programa clandestino (Prism) para la recogida masiva de comunicaciones procedentes de Internet. Exilado en Rusia, Snowden afronta cargos del Gobierno de EEUU por robo de propiedad pública y divulgación no autorizada de material de defensa e inteligencia.

Julian Assange es otro ilustre confidente. Seis años después de la publicación de Los papeles del Departamento de Estado (Wikileaks), la mayor filtración de la historia acerca de los secretos de la política exterior de EE UU, Assange está en cobijo diplomático de la Embajada de Ecuador en Londres .

También Hervé Falciani, ingeniero de sistemas italo-francés que sustrajo de la filial suiza del banco HSBC información de las cuentas de más de 130.000 clientes cuyos fondos eran de dudosa honorabilidad. Hervé Falciani, domiciliado en la actualidad en Francia, ha sido condenado a cinco años de prisión por espionaje económico por el Tribunal Federal de lo Penal helvético.

O Antoine Deltour y Raphaël Halet. Las filtraciones de estos dos técnicos de la consultora PWC destaparon un entramado de favores fiscales en Luxemburgo (Luxleaks) hacia más de 350 empresas multinacionales. Luxemburgo dictó sentencia declarando a ambos empleados culpables de robar documentos, revelando secretos empresariales, y de violación de secretos comerciales. Los dos fueron condenados a multas y prisión.

¿Y qué decir de los Papeles de Panamá? Todo indica que la mayor redada moral de la historia fue fruto de un hackeo informático de los archivos del bufete Mossack Fonseca. Nada menos que 11,5 millones de documentos. Los delatores, de ser juzgados según la ley panameña, sufrirían penas de cárcel dado el carácter penal de las conductas atribuidas.

Dicho lo cual, ¿son los delatores simples soplones delincuentes, quebrantadores de sus obligaciones de confidencialidad, o héroes sin cobertura legal y expuestos a que el presidio sea el único premio a su conducta ejemplar? La respuesta la hallamos en el eslogan de la organización Transparencia Internacional, que promueve la protección jurídica de los delatores. «Proteger a los que protegen el bien común: la dimensión del interés público».

Ese es el gozne que divide a los pícaros, ladrones, revanchistas y oportunistas de los ciudadanos de primerísima categoría. En el plano ético, es necesario que quien airea desatinos económicos significativos, conductas corruptas o hechos criminales se inspire, sobre todas las cosas, en el bien común al margen del suyo personal. Además, en Derecho, ningún contrato o conducta puede considerarse justificada si sirve para llevar a cabo una acción ilegal o está pensada para avanzar en un propósito ilegal. Esta es la base que sustenta jurídicamente la delación, a pesar de que genere un quebrantamiento del principio de confidencialidad.

Es por ello que los ordenamientos jurídicos deben dar cobertura a estas conductas altruistas. Países como Reino Unido, Canadá o Estados Unidos están a la cabeza de la protección del delator. Aquellos confidentes tipificados en la ley no solamente ven protegidos sus intereses contra cualquier forma de represalia sino que, dando un paso más, pueden ser objeto de una gratificación pecuniaria.

Recientemente la Comisión de Valores de los Estados Unidos (SEC) ha propiciado una respuesta ejemplar por parte de uno de los delatores favorecidos por una gratificación reglada. Es la historia de Eric Ben-Artzi. Gracias a la información proporcionada por Eric Ben-Artzi, exanalista de riesgos de Deutsche Bank en Estados Unidos, la SEC multó el pasado año al Banco alemán con 55 millones de dólares por falseamiento de cuentas. La SEC premió a Ben-Artzi con 16 millones de dólares, pero el confidente ha renunciado a la recompensa, como protesta y para dejar en evidencia que la multa nunca debió ser impuesta al Banco, y por tanto a sus accionistas, sino directamente a los directivos implicados en el fraude. Doble ejemplaridad.

Una pincelada brevísima acerca de la situación de la normativa española de protección al delator. A pesar de las reiteradas recomendaciones de la OCDE, España no ha dado pasos apreciables en esta materia cuando, por otra parte, todos sus residentes están obligados a reportar a las autoridades cualquier actividad criminal. La única provisión vagamente relacionada con la delación se refiere a la denuncia anónima sobre conductas irregulares de funcionarios públicos y miembros del Gobierno, así como la protección policial de testigos en los procesos judiciales.

Promover la delación reglada junto a otras formas de colaboración ciudadana forma parte de una comprensión de la esencia democrática.