El 'caso Mercedes' demuestra que el Concierto Económico también tiene desventajas

Como desveló EL CORREO la pasada semana, la separación en empresas distintas de las diversas actividades que realiza la multinacional germana en España -fabricación de furgonetas y monovolúmenes, comercialización de camiones y de turismos-, genera una distorsión en el pago de impuestos como consecuencia de lo previsto en el Concierto Económico. Hasta ahora, la Diputación de Álava no sufría el impacto real del IVA a devolver que genera la factoría de Mercedes Benz en Vitoria, porque era compensado con el impuesto a ingresar por la venta de vehículos en toda España, a pesar de que esta tarea se realiza desde Madrid. La planta de Vitoria exporta el 90% de su producción y las ventas al exterior se realizan sin IVA, mientras que la empresa sí debe abonarlo a sus proveedores, lo que genera la liquidación negativa ante Hacienda. Al separar las actividades por sociedades, Álava deberá asumir el impacto real de la factoría asentada en su territorio sin poder compensar cantidad alguna con la venta de vehículos, ya que esta actividad colgará de otra sociedad mercantil y su sede seguirá en Madrid. Según los cálculos de detalle que se han realizado sobre este proceso, la pérdida de ingresos para el País Vasco -para Álava, pero también para el Presupuesto del Gobierno vasco- será de 20 millones de euros en 2017, cuando se hará la primera fase de la segregación societaria y de 200 millones anuales cuando se complete. Daimler Benz parece dispuesta a esperar a 2018 o 2019 para ejecutarlo, aunque no hay una fecha oficial.

Hasta ahora, las voces más críticas contra el Concierto Económico han sostenido que el pacto que regula las relaciones financieras y tributarias entre Euskadi y el Estado eran un cúmulo de ventajas para el País Vasco. Algo que, como derivada, significa que es algo similar pero de signo negativo para el Estado. Sin embargo, el 'caso Mercedes' ha permitido visualizar con claridad -y una cierta brutalidad, bien es cierto- eso que exponían los expertos en la materia y que sonaba a milonga pampera: el riesgo unilateral. Esto es, que el País Vasco asume las consecuencias derivadas de una decisión adoptada en Stuttgart, la sede central de Daimler Benz, que no implica cambios en la producción de Vitoria ni tampoco en la comercialización de vehículos, que tan solo es una modificación organizativa y burocrática, pero que se traduce en la pérdida de 200 millones de euros. Y todo ello sin poder tocar inmediatamente en la puerta del Gobierno central para exigir una compensación. De entrada, se asume. Luego. ya veremos. Alguien se lo debería explicar a Inés Arrimadas de Ciudadanos y a buena parte de los dirigentes de Podemos. También a algunos del PP y del PSOE, que aceptan el Concierto a regañadientes y solo los días pares, mientras que los impares lo critican con saña.

El propio Uriarte y Juan Antonio Zárate, exdiputado de Hacienda del PP y expresidente de las Juntas Generales de Álava, daban a entender la pasada semana que la vía para resolver el 'problema Mercedes' es la negociación de la nueva Ley de Cupo -la actual está en situación de prórroga desde 2012- para buscar un, llamémosle, «ajuste». Zárate concretaba más para indicar que el camino es modificar los índices en las compensaciones del IVA. Un intrincado proceso que trata de ajustar la realidad de la recaudación de este impuesto vinculado al consumo final a las cifras reales de lo que sucede en el País Vasco. Suena a «chapucilla casera» pero en definitiva, es terreno abonado para la negociación política, aunque estos dos últimos términos parezcan materias incompatibles esta temporada. Por su parte, el exdiputado general de Álava, el popular Javier de Andrés, planteaba también una opción mucho más ambiciosa, como es intentar atraer la sede de la comercializadora de vehículos de Mercedes a Vitoria. Aunque, se lamentaba, en su opinión la estrategia actual de las instituciones vascas no configuran precisamente un territorio atractivo para ello.