La DYA pone en venta varios locales y garajes para afrontar el pago de sus deudas

La principal iniciativa pasa por poner a la venta «todos» los locales de la DYA que no están siendo utilizados, según las fuentes consultadas por EL CORREO. El Registro de la Propiedad da cuenta de que la organización tiene 18 locales y garajes a su nombre. La mayoría de ellos fueron adquiridos hace dos o tres décadas y se encuentran repartidos por diversas localidades vizcaínas. Muchos funcionaban como delegaciones cuando la DYA se encargaba de la red de transporte sanitario de Osakidetza. Pero luego quedaron vacíos cuando perdieron el concurso público de ambulancias de emergencias. De momento, el cartel de 'se vende' figura ya en un local de Galdakao.

La salud venidera de la DYA dependerá de la evolución en los próximos meses del proceso judicial abierto contra su anterior presidente, Fernando Izaguirre, y de las negociaciones con Eulen, la empresa con la que arrastran una deuda que amenaza con hundir la asociación. La situación es tan grave que no se descarta tener que sacar a la venta, como «último recurso», su emblemática sede de Alameda San Mamés.

Este plan de viabilidad se suma a la querella que la nueva junta directiva presentó contra Izaguirre -que dimitió como director de Emergencias y portavoz del PNV de Galdakao cuando saltó el escándalo-, contra la exgerente de la entidad, Estíbaliz Guevara, y contra varias personas más por un supuesto desvío de fondos, entre otras acusaciones. El núcleo de la denuncia, y de la crítica situación económica por la que atraviesa la DYA, se centra en la operación 'Can Padró'.

La organización sin ánimo de lucro invirtió unos 12 millones de euros en 2009 para comprar a Eulen este centro de adiestramiento para emergencias situado en Barcelona. Sin embargo, la instalación, de unos 700.000 metros cuadrados, no era explotada por la DYA. Se cedió a una de sus filiales (Emerplus) y esta, a su vez, a Global Formación Plus. Es en este punto en el que incide la querella, ya que el flujo de dinero de la ONG comienza a perderse en una maraña de sociedades en las que el expresidente tenía puestos de responsabilidad. Estas controvertidas operaciones -según los denunciantes- se hicieron a espaldas de la asamblea.

Además de las instalaciones, la DYA también compró a Eulen el nombre comercial, vehículos, mobiliario y el denominado fondo de comercio. La entidad hizo frente a los primeros pagos, de 623.924 y 698.795 euros, pero ya en 2011 pidió refinanciar la deuda. En 2013, no obstante, la situación se volvió insostenible y alcanzaron un nuevo acuerdo con Eulen. Pactaron devolver la titularidad de la finca a la empresa madrileña, que se tasa en 3,8 millones de euros. También parte del inmovilizado (153.000 euros) y deshacerse de la marca Can Padró (101.000 euros), con lo que se reducía su deuda en 4,05 millones.

Sin embargo, siguen teniendo que hacer frente al fondo de comercio, algo así como los intangibles de una empresa, que se valoró en 4,67 millones. Se estableció al principio un pago de 25.000 euros y trece pagarés, esta vez, con un interés del 4%. «La operación de Can Padró fue una huida hacia adelante, generando cada vez más deuda», sostienen fuentes de la asamblea.

En esta reunión, se explicó que la viabilidad de la entidad estaría garantizada si no fuese por la deuda que se arrastra con Eulen por la compra de Can Padró. De hecho, muchas de las lonjas de la DYA que van a ser puestas a la venta fueron hipotecadas para, precisamente, financiar a Emerplus, la empresa que gestionaba el complejo.

El local de Galdakao que tiene el cartel de 'se vende' fue hipotecado junto a otras fincas en garantía de un préstamo de 800.000 euros. La DYA espera que los jueces anulen esta transacción, que consideran fraudulenta. Pero, de momento, no han hecho frente al último pagaré que tenían pendiente.