El Tribunal Superior avala la ordenanza sobre la venta ambulante de Amorebieta

El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) respalda la ordenanza municipal sobre el uso del espacio público y la venta ambulante aprobada por el Ayuntamiento de Amorebieta en julio del pasado año. La sentencia desestima el recurso contencioso-administrativo interpuesto en enero por la concejala de EH Bildu, Begoña Atxa, quien solicitaba la nulidad de la normativa al considerar que «vulnera el derecho a la participación ciudadana» y «carecía del informe de impacto de género en su fase inicial».

EH Bildu argumentó en enero que el reglamento impulsado por el equipo de gobierno (PNV y PSE) presentaba «defectos tanto de forma como de contenido», al valorar que el texto resultaba «ambiguo y restrictivo», dejando en manos del Consistorio la concesión arbitraria de permisos para ese fin. La formación abertzale criticó que ni sus alegaciones ni las presentadas por la plataforma de vecinos fueron tenidas en cuenta en el proceso de aprobación.

Sin embargo, el fallo del TSJPV concluye que el procedimiento seguido por el Ayuntamiento se ajustó a la legalidad. En relación con la intervención comunitaria, el tribunal confirma que se realizó una consulta previa entre el 16 de enero y el 6 de febrero, mediante su publicación en el tablón de anuncios y en la página web, conforme a lo establecido por el artículo 133.1 de la Ley 39/2015. Además, implicaron en la causa a residentes, a 57 profesionales de la hostelería y a la asociación de vendedores ambulantes del municipio.

Acerca del informe de impacto de género, señalan que su inclusión debe realizarse antes de la aceptación definitiva, lo cual se cumplió correctamente. Según el veredicto, no se ha demostrado que la ordenanza contradiga lo recogido en dicho expediente. La alcaldesa de la localidad, Ainhoa Salterain, valora positivamente la resolución judicial y reitera su agradecimiento a los servicios técnicos municipales. «Este tipo de recursos no son nuevos y tienen como único fin poner trabas y demorar la actividad municipal. Todos los que EH Bildu ha presentado hasta ahora han sido rechazados por los distintos órganos judiciales», subraya.

Desde el equipo de gobierno, se insiste en que la normativa garantiza la continuidad de las actividades culturales y sociales, exigiendo autorización local a fin de organizar adecuadamente el uso de las zonas públicas y evitar conflictos. En la actualidad, la decisión judicial cierra un capítulo, que ha generado un notable enfrentamiento político y social en el último año.

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