Los trámites para la consulta sobre los terrenos liberados por el tren en Durango se reactivan este lunes

La reanudación del proceso coincide con la decisión de la magistrada del Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 2 de Bilbao de desestimar el recurso que presentó a finales de 2018 Herriaren Eskubidea con el objeto de declarar ilegal el proyecto de urbanización PERI ferrocarril que contempla 5 torres y 554 viviendas, además de otras infraestructuras. La decisión de la magistrada da por bueno el Programa de Actuación Urbanizadora (PAU), primera fase del PERI, que Herriaren Eskubidea entendía que cometía una irregularidad al no actualizarse en función de la Ley del Suelo aprobada en 2006.

La formación morada entendía que debería aplicarse la nueva normativa que establece un 40% del incremento de edificabilidad urbanística de VPO y no del 20,04%, tal y como se fijaba antes de 2006. Sin embargo, la magistrada considera que el PAU no es una herramienta que regule la edificabilidad y ratifica el porcentaje del 20,04% de VPO recogido en el PAU, desestimando el recurso. Sobre esta decisión cabe recurso de apelación en el Tribunal Superior de Justicia Vasco. Una vía que en estos momentos está analizando Herriaren Eskubidea.

Entretanto, la consulta sigue su rumbo tras dos y meses y medio bloqueada en las instituciones con motivo del estado de alarma. La primera consulta que se llevaría a cabo en Durango busca que sea la ciudadanía quien decida sobre uno de los temas más polémicos de los últimos años en la villa. Se trata del proyecto elaborado por el Gobierno vasco para la construcción de cinco torres de hasta 18 alturas con 554 viviendas, espacios verdes y zonas de ocio y recreo, en el solar liberado tras el soterramiento del tren.

En la denominada 'Operación Durango', que dio fin a los pasos a nivel y al continuo ir y venir de trenes atravesando la villa por superficie, se invirtieron 264 millones de euros desde que arrancaron las obras en 2005. Y con la venta de ese medio millar de viviendas en pleno centro urbano de Durango, el Gobierno vasco pretendía recuperar algo del dinero invertido.

Desde entonces se ha soterrado el tren y construido una nueva estación y quedaría pendiente la edificación de cinco bloques de pisos «vanguardistas» de 18 alturas. Sin embargo, al proyecto elaborado en plena burbuja inmobiliaria, también se golpeó la crisis. La estación sigue sin terminarse y se puso en tela de juicio el proyecto de urbanización. Surgió así la plataforma en Durango, Erabaki, que pedía una consulta popular avalada por cerca de 4.000 firmas. Con cambio de equipo de gobierno incluido que pasó de manos del PNV y PSE –con los que ETS firmó el convenio de urbanización- a EH Bildu y Herriearen Eskubidea, la demora continúa. En esta nueva legislatura todo parecía indicar que la consulta se desbloquearía, pero parece haberse estancado de nuevo esta vez en el Ministerio de Política Territorial y Función Pública. Y después con el Covid-19.