El Juzgado declara «ilegal» el convenio para levantar las cinco torres en Durango

Representantes de EH Bildu y Herriaren Eskubidea dieron a conocer ayer el fallo judicial. / Y. R.
Representantes de EH Bildu y Herriaren Eskubidea dieron a conocer ayer el fallo judicial. / Y. R.

EH Bildu y Herriaren Ezkubidea pedirán en el pleno del miércoles «replantear la operación urbanística» en los terrenos liberados tras el soterramiento del tren

Y. RUIZ/ M. DÍAZ DURANGO.

El convenio que en agosto de 2017 suscribió el Ayuntamiento de Durango con Euskal Trenbide Sarea (ETS) para la reparcelación del Plan Especial de Reforma Interior (PERI) en los terrenos liberados por el soterramiento del tren ha sido anulado. Así lo ha declarado el Juzgado de lo Contencioso administrativo de Bilbao el pasado jueves en respuesta al recurso que EH Bildu y Herriaren Eskubidea presentaron en diciembre de aquel mismo año. Representantes de sendas formaciones informaron ayer en rueda de prensa que la sentencia considera que la concejala delegada de Urbanismo, Mari José Balier, «no era el órgano competente» para firmar el convenio, sino que debía haber sido adoptado por la junta de gobierno local, un órgano colegiado de existencia obligatoria en todos los municipios de más de 5.000 habitantes. «Ya advertimos entonces que era ilegal y lo rechazaron. Entonces no les importaba la seguridad jurídica», aseguraron en relación al PNV y PSE, que conforman el Gobierno municipal.

El fallo judicial da un nuevo giro a un proyecto que está marcando la agenda de todos los partidos, ya que conlleva la construcción de las polémicas cinco torres, de 18 alturas, con 554 viviendas en el centro de la localidad. Según los portavoces de EH Bildu y Herriaren Eskubidea, Dani Maeztu y Julián Ríos, la sentencia les da la razón y declara «ilegal» un decreto firmado en agosto sin apenas testigos, confirmando que «se hizo deprisa y mal, muy mal, como todos los que han aprobado sobre este tema en esta legislatura, para poder dejar atado el proyecto de las cinco torres». En este sentido, detallaron que el convenio estaba pendiente de suscribirse desde 2008 por la compensación que ETS debía pagar al Consistorio por los excesos de adjudicación de las torres. A través de este acuerdo, PNV y PSE «querían dejar de recaudar 4,2 millones de euros a cambio de la cesión de los terrenos ocupados por el tren, que eran del pueblo», matizaron.

«Cambiar el proyecto»

El Juzgado echa por tierra la «insistencia» del equipo de Gobierno local -PNV y PSE- de agarrarse a la «seguridad jurídica» para ir postergando la consulta sobre qué hacer en los terrenos del ferrocarril hasta después de las elecciones. Ese empeño se ha demostrado que es «de quita y pon», ya que no se tuvo mucho en cuenta durante la firma. «Aprobaron por decretazo y de manera ilegal seguir adelante con su proyecto, pese a que les advertimos».

Es por ello, que en el pleno del miércoles, último de esta legislatura, presentarán una moción para «reconducir este sin sentido». A su juicio de ambos grupos, este giro y el hecho de que todos los partidos apuesten por modificar el plan originario de las cinco torres «es una oportunidad de oro para cambiar el proyecto».

Los dos tildaron de contradictoria la decisión del equipo de Gobierno municipal de recurrir la sentencia, al entender que supone «alargar esa huida hacia adelante con las torres». Dani Maeztu, además, lo tachó de «una mala estrategia jurídicamente». Señaló también que al haber sido declarado el convenio «nulo de pleno derecho es probable que nos den una medida cautelar» en el caso de que se presente el recurso. Con estos argumentos, piden al PSE y PNV que rectifiquen, se replanteen «con cabeza» la operación urbanística, además de paralizarla y convocar la consulta.

EH Bildu y Herriaren Eskubidea hicieron hincapié también en el pago de las costas que les corresponde pagar al PNV y PSE «por haber perdido el juicio». A ambos grupos les piden, asimismo, que no «tengan la indecencia de hacérselas pagar a la ciudadanía. Es el momento de actuar con responsabilidad». El importe, según dieron a conocer, podría rondar entre 5.000 y 6.000 euros.

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