Irigoras asegura que suspender el plan de urbanización de las cinco torres es «ilegal»

Protesta ante los terrenos liberados por el tren, en el que se proyectan cinco torres. / Y. RUIZ
Protesta ante los terrenos liberados por el tren, en el que se proyectan cinco torres. / Y. RUIZ

La alcaldesa de Durango precisa que hasta que se lleve a cabo la consulta popular se mantiene la paralización de las obras en los terrenos del tren liberados

MANUELA DÍAZ DURANGO.

La alcaldesa de Durango, Aitziber Irigoras, aseguró en el pleno del miércoles que suspender el proyecto de urbanización de los terrenos liberados por el soterramiento del tren es «ilegal» y su incumplimiento «podría generar una responsabilidad corporativa y personal, de carácter administrativa, patrimonial e, incluso, penal». Su voto de calidad determinó el empate entre el ejecutivo local -PNV y PSE- que abogaba por seguir trabajando en la comisión ad hoc creada hace casi dos meses para abordar el referéndum sobre el proyecto, y la oposición -EH Bildu y Herriaren Eskubidea- que apoyaban la moción presentada por la plataforma Erabaki en la que se solicitaba suspender la construcción de las cinco torres. El concejal socialista, que en enero rompía la disciplina del voto a favor de la plataforma Erabaki para aprobar la paralización de las obras hasta que no haya consulta, fue determinante. Esta vez no secundó la suspensión del proyecto. El PP no estuvo presente.

La plataforma lograba introducir horas antes de la sesión una moción de urgencia en la que que pedía la suspensión del proyecto de urbanización, después de conocer días antes la publicación en el BOB de la aprobación definitiva de la actuación urbanizadora. Según aclaró Irigoras, dicha publicación no es más que un procedimiento formal de obligado cumplimiento que «no tiene por finalidad habilitar la ejecución de obras de urbanización ni edificación». En este sentido, aseguró que no viola el acuerdo alcanzado en enero de paralizar las obras hasta que se lleve a cabo el referéndum.

La decisión tomada ayer sigue esta línea y empuja de nuevo a seguir trabajando en la comisión ad hoc para «avanzar en la consulta y que las actuaciones urbanísticas se lleven a cabo con arreglo al marco jurídico». Una comisión que, según la plataforma ciudadana como los partidos de la oposición, se creó para «ralentizar» el proceso y que el referéndum no se celebrara antes de las elecciones de mayo. Desde Erabaki, Unai Valle, lamentó que tanto esta publicación como el hecho de que durante el mes de febrero solo se hubiera convocado una reunión de la comisión «hacen dudar de la buena voluntad política que el equipo de gobierno tiene para realizar la consulta».

La demanda de la suspensión del proyecto obedece a que, desde su aprobación en 2006, no solo se ha modificado «sustancialmente» con la retirada de una parcela de uso religioso o la decisión de Euskal Trenbide Sarea (ETS) de no construir su sede central, sino por el hecho de que la mayoría de los partidos, incluidos PNV y PSE, advierten la necesidad de «readecuar» el proyecto en sus programas electorales

Interés político

Desde Herriaren Eskubidea, Jorge Varela, recordó que ETS concluyó las obras de urbanización del entorno de la estación sin contar con el permiso municipal ya que no existe voluntad política. Aseguró también que no se está garantizando una seguridad jurídica en el derecho a decidir de la ciudadanía ya que, a su juicio, solo se lograría con la «suspensión cautelar», que el Ayuntamiento tiene «la forma legal» de hacerlo.

Esta batalla entre sendos bloques políticos se está conviertiendo para EH Bildu en el juego del gato y el ratón para esquivar las leyes y seguir adelante con el proyecto. «No se pueden dar más pasos adelante y hay que revisar el proyecto», manifestó Ion Andoni del Amo, al entender que no existe ningún informe técnico en contra de esta decisión. En este sentido, la alcaldesa insistió en que «hay que garantizar la seguridad jurídica», algo que según recalcó la representante jeltzale se abordó en la comisión ad hoc de la mano de una asesoría que lleva el referéndum de Basauri. «Si queremos evitar estar en el Tribunal Supremo como está Basauri hay que hacerlo bien y conforme a la legalidad», aseguró. También echó en cara a Herriaren Eskubidea que no siguiera la línea de su grupo allí, donde votó en contra de la consulta.

Más crítico, Dani Maeztu aseguró que el equipo de Gobierno vive «en la ilegalidad permanente» ya que el municipio lleva seis años sin revisar el PGOU sobre el que se sustenta el proyecto de urbanización del entorno de la estación que contempla la construcción de cinco torres de 18 plantas. «Si no se revisan las Normas Subsidiarias es porque a partir de la aprobación del avance hay que suspender las autorizaciones y licencias urbanísticas y por tanto habría que haber suspendido el PERI», aseguró. La alcaldesa le echó en cara que si hay un retraso es porque él se empeñó en que se hiciera un proceso participativo que ha durado dos años. Sendos políticos criticaron que en sus posturas hubiera un claro interés político.

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