La ikastola de Elorrio denuncia la «reubicación forzosa» de un niño de 18 meses

Las familias de Txintxirri Ikastola de Elorrio se encuentran preocupadas por el actual modelo de matriculación escolar. Según han denunciado, están en desacuerdo con «la reubicación forzosa» de un alumno, dictada por el Departamento de Educación, tras concluir que superan el límite de matrículas de alumnos vulnerables.

Desde que el Gobierno vasco implantó los nuevos criterios de admisión hace tres años, lo que debería ser un trámite claro y accesible se ha convertido en una fuente de incertidumbre. Por ello, los miembros que conforman la cooperativa de Txintxirri han presentado alegaciones, solicitando que el pequeño, de año y medio, tenga opción de quedarse en el lugar que ha comenzado su desarrollo. «Lleva todo el curso aquí, donde ha dado y dicho sus primeros pasos y palabras», relatan. Recientemente, han formalizado un recurso con el mismo objetivo. Insisten en que los niveles de vulnerabilidad están distribuidos de forma bastante uniforme en la localidad, y que el cambio no responde a una «necesidad pedagógica sino a una imposición burocrática».

Más allá de este caso en concreto, critican la «falta de transparencia» de la manera que tiene Educación en el momento de detectar estos casos, ya que les resulta «arbitraria y manipulable» por basarse en encuestas «poco fiables y sin verificación». Asimismo, rechazan que tener libros o plataformas de pago sea un criterio considerable a la hora de hacer una valoración. Además, piensan que «etiquetar a un niño a los dos años le estigmatiza injustamente».

A su juicio, el sistema «impone decisiones que no siempre responden al interés del menor ni a las circunstancias verdaderas del entorno». En distintas localidades se han dado casos de menores obligados a cambiar de centro con el propósito de equilibrar la proporción de alumnado vulnerable entre los distintos colegios. En algunas ocasiones, el traslado no se llegó a ejecutar, algo que valoran «positivamente».

Por todo ello, exigen que se dé «marcha atrás en los traslados previstos» y que se permita que «los niños puedan permanecer en el sitio que su familia ha elegido». Finalmente, solicitan tanto al Departamento de Educación como al Ayuntamiento que impulsen la creación de una «Mesa local», en la que estén representados los centros y agentes implicados. «Estamos convencidas de que un espacio de encuentro como este permitirá afrontar conjuntamente los retos educativos del municipio y encontrar soluciones consensuadas», concluyen desde la ikastola.

Frente a estas críticas, desde el Departamento de Educación del Gobierno vasco señalaron a EL CORREO que «hay unas normas y hay que seguirlas». Según explicaron, en estos casos no se habla propiamente de un traslado, ya que hasta los dos años no existe una matriculación formal en el sistema educativo.

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