Elorrio pedirá ser zona tensionada de vivienda al subir un 21% los alquileres
El Ayuntamiento inicia los trámites ante el Gobierno vasco, lo que permitiría regular los arrendamientos, acceder a subvenciones y poner en marcha medidas para facilitar el acceso a un hogar
El Ayuntamiento de Elorrio ha comenzado el proceso para lograr la designación oficial de zona tensionada en el mercado de la vivienda. Esta categoría concedería al Consistorio tener mayores competencias a la hora de regular los precios de los alquileres, acceder a nuevas subvenciones y poner en marcha medidas específicas a fin de facilitar el acceso al hogar.
El informe elaborado por el Gobierno vasco identifica a la localidad entre los diecisiete municipios vizcaínos (Balmaseda, Barakaldo, Berango, Bermeo, Bilbao, Derio, Erandio, Ermua, Galdakao, Gorliz, Lekeitio, Portugalete, Santurtzi, Sondika, Sopela y Urduliz), donde se cumplen los criterios de presión residencial. Estos incluyen que el coste medio de la hipoteca o el alquiler más los gastos básicos supere el 30% de los ingresos familiares, o que la vivienda se haya encarecido en los últimos cinco años tres puntos por encima del IPC). En este caso concreto, la razón principal está en el incremento del precio de los arrendamientos: entre 2018 y 2023, la renta media mensual ha pasado de 508,7 a 615,7 euros, lo que supone un aumento del 21%, por encima del umbral del 19,6% fijado.
La tramitación contempla varios pasos antes de obtener el reconocimiento formal. En primer lugar, se elaborará un diagnóstico de la situación junto a una memoria justificativa. Posteriormente, se diseñará un plan de acción a tres años con actuaciones como aumentar la oferta de residencias de protección oficial, activar pisos vacíos y modificar ordenanzas para fomentar el alquiler asequible. El procedimiento incluirá también una consulta pública en la que la ciudadanía podrá presentar aportaciones, y finalmente la solicitud se trasladará al Gobierno vasco.
La declaración como zona tensionada permitiría limitar las subidas del arrendamiento, ofrecer incentivos para que los propietarios alquilen a precios asequibles y reforzar la protección contra desahucios injustos. Asimismo, abriría la puerta a un mayor acceso a ayudas para rehabilitación y eficiencia energética, y facilitaría el uso de fondos públicos a la hora de promover la vivienda social o impulsar la salida al mercado de viviendas vacías.
