La Diputación sanciona con 23.500 euros a una residencia de Sestao por falta de personal y uso de sujeciones sin supervisión
Le abrió varios expedientes al centro Albiz Santiago Llanos tras recibir en solo un año una docena de quejas por parte de los familiares de los usuarios
«Falta de enfermeras, falta de médicos, errores en la administración de medicamentos, escasez y baja calidad de la comida, caídas desde sillas de ruedas, ... cambio de absorbentes inexistente durante la noche que deriva en infecciones de orina, imposibilidad de obtener información de los gestores, empleo no autorizado de sujeciones, deficiencias en el mantenimiento...». Este es parte del contenido de las doce quejas que las familias de los usuarios de la residencia Albiz Santiago Llanos de Sestao interpusieron a lo largo de 2024 ante el servicio de inspección de la Diputación. Denuncias que se sumaron a otras 19 que ya habían presentado los cuatro años anteriores y que derivaron en diferentes expedientes de inspección.
Pero lo ocurrido en 2024 ha derivado en una «preocupante» situación que en la mañana de este martes ha llegado hasta la comisión de Acción Social de las Juntas Generales de Bizkaia, en la que la diputada Amaia Antxustegi ha dado explicaciones sobre las diferentes actuaciones puestas en marcha por su departamento para corregir lo ocurrido en este centro. En este sentido, la titular del área de Acción Social ha desvelado que esta residencia de Sestao ha sido sancionada con 23.500 euros por las múltiples deficiencias detectadas en el centro.
La principal hace referencia al incumplimiento de los ratios mínimos de personal médico para atender a los 134 mayores residentes, que le ha supuesto una multa de 12.000 euros. Por el empleo de una sujeción sin supervisión médica se le ha sancionado con 5.000, mientras que prestar una asistencia inadecuada a otro de los residentes y no cumplir con las correcciones necesarias en el plazo indicado les ha supuesto sendas penas de 3.000. La multa global se completa con 500 euros por deficiencias en el mantenimiento de las instalaciones.
A petición de la juntera de EH Bildu Izaskun Duque, Amaia Antxustegi ha aportado detalles de las 12 quejas presentadas a lo largo del pasado año por los familiares de los mayores. La primera de ellas incorporaba la firma de 370 allegados de los usuarios –más de dos por cada uno de ellos– en la que enumeraban una larga lista de deficiencias que, según Duque, evidenciaban el «inmovilismo de la dirección del centro» por mejorar las condiciones de vida de los mayores. «Sólo había un médico para los 134 residentes, que por cierto el fin de semana desaparecía y el resto de días era imposible hablar con ella; no había termómetros; faltaba personal y el que se contrataba a menudo carecía de la formación necesaria; la comida tenía un aspecto y olor malo, llegaba fría y los mayores adelgazaban de forma preocupante; el servicio de rehabilitación no era adecuado; y la misma sala de estar servía para dar las comidas, cortar las uñas, depilar y repartir la medicación», ha explicado la juntera de EH Bildu. «Los mismos incumplimientos se repiten una y otra vez», ha añadido. El resto de grupos de la oposición –PP y Elkarrekin Bizkaia– se ha sumado a estas críticas y ha afeado a la Diputación su falta de prevención y vigilancia para evitar este tipo de situaciones.
Residencia de Arrigorriaga
La diputada de Acción Social, así como los representantes de PNV y PSE, han defendido que los mecanismos de control han funcionado correctamente. Antxustegi ha señalado que se mantienen abiertos varios «expedientes de seguimiento» para verificar que las deficiencias se han subsanado. De hecho, ha apuntado que las cuestiones «de mantenimiento» se han corregido y que «ahora» los cuidados de «higiene se realizan en las habitaciones». Este periódico se ha puesto en contacto con la residencia, cuyos responsables han optado por no hacer declaraciones.
La comisión de Acción Social también ha servido para analizar la situación de la residencia Domus VI Arandia de Arrigorriaga, cuyas empleadas han protagonizado en los últimos meses diferentes concentraciones de protesta por las condiciones de trabajo que soportan y las carencias del servicio que reciben los usuarios. Antxustegi ha señaladao que a día de hoy el centro ha subsanado las deficiencias detectadas a lo largo de 2024. Pero un repaso a los diferentes procedimientos abiertos por la Diputación desvelan que los responsables de este complejo han tardado un año en solucionar los problemas descubiertos durante una inspección de oficio realizada en diciembre de 2023.
Según la diputada de Acción Social, en aquella visita se comprobó que 98 de los 132 timbres de cama no funcionaban, así como 21 de los 42 de baño. Tampoco se cumplían los ratios de enfermeras y médicos exigidos por ley y se observaron deficiencia en el mantenimiento. La Diputación comunicó oficialmente estas deficiencias a la dirección de la residencia en enero de 2024. En los meses posteriores los inspectores del departamento realizaron varias comprobaciones en las que certificaron que la dirección del centro no las había solucionado.
Y no ha sido hasta el 16 de enero, durante una nueva inspección, cuando han podido determinar que «se habían subsanado todos los incumplimientos». «Hacemos más controles que nunca. Y puedo asegurar que en Bizkaia tenemos un buen sistema residencial», ha apuntado Antxustegi.
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