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La Diputación agotará la vía legal para intentar evitar la anulación de una OPE convocada hace tres años por sus «desproporcionados» requisitos de euskera. El ... Departamento foral de Administración Pública y Relaciones Institucionales ha anunciado la mañana de este viernes que interpondrá un recurso de casación ante el Tribunal Supremo al considerar que el proceso se ajusta a la legalidad vigente, que la administración es la competente para decidir la organización de su estructura y de sus profesionales y que los tribunales no han entrado al fondo de la cuestión hasta ahora.
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La decisión llega después de que EL CORREO haya desvelado en su edición de hoy que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha rechazado un primer recurso del Gobierno territorial contra la sentencia de un juzgado de Bilbao que el año pasado tumbó una OPE con la que se pretendían estabilizar o cubrir 77 plazas. El primer fallo aseguraba que las exigencias lingüísticas suponía «la exclusión de facto» de los candidatos que no sabían euskera y el segundo ratifica que no se garantiza «el derecho a acceder al empleo público en condiciones de igualdad».
Entre 2021 y 2022 el Ejecutivo territorial convocó dos OPE para convertir en funcionarios a un grupo de trabajadores o cubrir puestos de nueva creación, todos de administrativo. Eran 227 plazas en total si se suman las 77 de la primera oferta, la que acaba de ser revisada por el Superior de Justicia, y 150 de una segunda. Desde hace cuatro años una ley aprobada en el Congreso obliga a las administraciones públicas de todo el país a que la temporalidad sea inferior al 8% en sus plantillas y estos procesos tienen ese objetivo.
Ambas promociones fueron impugnadas por un aspirante porque según las bases hasta 204 de los 227 puestos (71 en el primer caso y 133 en el segundo) tenían algún requerimiento de euskera. Oscilaba entre un perfil lingüístico 2 y 3. Además, en lo que respecta a las 23 plazas restantes el conocimiento del euskera se tenía en cuenta como mérito, lo que podía elevar la nota del aspirante entre un 5% y un 10%. Dos juzgados de primera instancia dieron la razón al demandante y por eso la Diputación presentó un primer recurso, y ahora un segundo.
A través de un comunicado el Gobierno vizcaíno ha asegurado que, pese a los fallos contrarios, el proceso selectivo va a seguir adelante porque «la sentencia no es firme». Justifica su recurso asegurando que los tribunales «no están interpretando adecuadamente la normativa aplicable en materia de función pública ni en la lingüística», e insiste, como hasta ahora, en que para garantizar que los servicios forales se ofrecen en las dos lenguas cooficiales se quieren adjudicar las plazas de la OPE a «los más capacitados», a «quienes conozcan los dos idiomas» porque acreditan «mayor mérito y capacidad que quien exclusivamente conozca una».
Sobre el asunto se ha pronunciado también el Gobierno vasco. En una entrevista en Euskadi Irratia la vicelehendakari y consejera de Cultura y Política Lingüística, Ibone Bengoetxea, ha expresado su disconformidad con el fallo del TSJPV. «Nos duele porque considera que el euskera tiene la misma fuerza que el castellano cuando es una lengua minorizada y, por tanto, necesita de uan discriminación positiva», ha lamentado.
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