La Diputación reconoce que tener 31 sedes en Bilbao es «un problema»

El diputado de Administración Pública y Relaciones Institucionales, Ager Izagirre, ha asegurado este lunes que las 31 sedes que la Diputación tiene en Bilbao son «un problema», desde el punto de vista de la gestión, atención a los ciudadanos y el pago de alquileres. Izagirre ha comparecido en las Juntas Generales para dar cuenta de cómo marcha el plan que la institución se ha propuesto llevar a cabo para mejorar la situación de las oficinas que ocupa y tratar, precisamente, de centralizar su actividad.

El exalcalde de Mungia ha presentado las conclusiones de un nuevo informe que se había encargado para avanzar en este tema. Una empresa especializada ha analizado el problema y plantea cuatro posibles soluciones: la unión de varios departamentos, la fusión de servicios, el alquiler de una gran sede o la construcción de ese gran espacio del que la Diputación pasaría a ser propietaria (con, al menos, 20.000 metros cuadrados).

El proceso está por ahora en marcha. La institución ocupa un total de 31 inmuebles, de los que 19 son suyos, 11 están en alquiler y uno en un régimen mixto. Los 12 centros que no son propiedad de la institución foral suponen un gasto en rentas de 2,6 millones de euros. Si se centralizan las sedes se podrían ahorrar 10 millones de euros en cada legislatura, ha cifrado Izagirre, para añadir «otros beneficios de economía de escala», como ahorro en mantenimiento, en energía y en movilidad.

Por otro lado, el diputado también ha hablado de la posible reforma de la financiación municipal. Izagirre ha dicho que la Diputación solo presentará un anteproyecto de modificación de la Norma Foral de Haciendas Locales si existe un acuerdo y consenso previo con y entre los ayuntamientos vizcaínos. «Respetamos su autonomía y son ellos los que tienen que alcanzar un entendimiento». Este es un asunto, ha recalcado, que «no está únicamente en manos de la Diputación» y ha dicho que «solo desde el acuerdo y el consenso podrá llevarse a buen puerto».

Desde la oposición, por su parte, se ha pedido mayor celeridad para poder consensuar y aprobar un proyecto de norma antes de que acabe la legislatura.

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