La Diputación mantendrá el premio que dio a una residencia a la que investiga por mala praxis

El galardón reconocía el proceso desarrollado por el hogar para convertirse en un espacio «libre de sujeciones físicas y químicas». Significa que no se usan dispositivos para limitar la movilidad de los usuarios en la cama o cuando deben usar silla de ruedas. Hay además sensores que alertan cuando algún residente se levanta o se acuesta y localizadores GPS que portan al salir a pasear. En la memoria que acompañaba a su candidatura la residencia Rodríguez de Andoin V también subrayaba que pese a su novedosa filosofía las caídas y accidentes que sufren los pacientes son «ocasionales y sin consecuencias».

El problema de todo esto es que mientras los expertos analizaban la posibilidad de premiar a la residencia, como así ocurrió finalmente, los técnicos de la propia Diputación tenían sobre la mesa varias denuncias que alertaban sobre una posible mala praxis en el mismo centro. Fueron interpuestas por familiares de algunos residentes y derivaron en la apertura de sendos expedientes sancionadores que, a día de hoy, siguen sin resolverse. Principalmente, porque la decena de inspectores que tiene Acción Social no dan abasto: en 2023 abrieron expedientes por carencias de personal o mantenimiento a 99 centros.

Una de las quejas sobre el centro de Portugalete fue interpuesta por la familia de una mujer que sufrió al menos tres caídas en un lapso de cuatro meses. En la última se descubrió que los sensores que debían alertar de movimientos anómalos no tenían pilas. El golpe le provocó la rotura del húmero derecho. Los técnicos forales realizaron tres inspecciones sorpresa en las semanas siguientes para constatar incumplimientos en tres cuestiones: falta de efectivos sanitarios, no haber sustituido al psicólogo en sus vacaciones de verano y no haber aportado información suficiente a los allegados de las personas que habían sufrido percances.

EH Bildu ha aprovechado una comparecencia de la diputada de Acción Social, Amaia Antxustegi, en las Juntas Generales para preguntarle si una situación como la relatada, en la que «se ha puesto en juego la salud de los pacientes», debería provocar la retirada del premio entregado a la residencia. La respuesta ha sido negativa. Antxustegi defendió «los beneficios de retirar las sujeciones» y aseguró que la práctica «sigue siendo buena» pese a las caídas registradas. «El riesgo cero no existe», añadió antes de defender que cuando se otorgó el galardón había abierta una investigación pero «no existía» un expediente sancionador.

Lo que sí ha confirmado el Gobierno foral es que va a modificar las bases de sus premios anuales para prohibir a empresas y residencias que tengan algún tipo de investigación abierta presentar sus candidaturas. Lo hará, en principio, para la edición de este mismo año. Si se repiten los plazos de los ejercicios anteriores, los aspirantes podrán postularse entre agosto y octubre. Después llegará el veredicto.