La Diputación se resigna al constatar que Uber no pagará impuestos en Bizkaia

Poco o nada, viene a decir la Diputación, se puede hacer ante la ingeniería fiscal de Uber, la empresa de vehículos de transporte con conductor (VTC) que desembarcó súbitamente en Bilbao el pasado 31 de octubre con una veintena de coches. El diputado de Hacienda y Finanzas, José Maria Iruarrizaga, ha constatado este martes de forma oficial una realidad ya conocida, pero no por ello menos desesperanzadora para las arcas públicas. Dado que el Concierto Económico establece que las compañías de transporte -con independencia del área geográfica de sus trayectos- deben declarar sus ingresos allí donde tengan su domicilio fiscal, la multinacional localizada en Holanda no pagará impuestos en Bizkaia pese a desarrolar aquí su actividad.

Ante la comisión del ramo en las Juntas Generales, el representante foral se ha mostrado resignado al explicar el nulo margen de maniobra: «Está repartido como está repartido». Los partidos de la oposición llamaban a tomar medidas para que la irrupción de plataformas como Uber no suponga un agravio comparativo para el taxi. «Es deprimente saber que viene una empresa que hará competencia desleal a un sector ya existente, que no vaya a pagar ningún tipo de impuesto y que no podamos hacer nada», ha expresado la juntera de EH Bildu Arantza Urkaregi. «Bajo el paraguas de la economía colaborativa, terminan precarizando un sector como el taxi que sustenta a muchas familias en Bizkaia», ha proseguido Eneritz Madariaga, portavoz de Elkarrekin Podemos.

El diputado de Hacienda se ha amparado en la protección de datos de los contribuyentes para evitar hacer un cálculo aproximado del impacto que puede tener esta actividad en las arcas vizcaínas. Máxime cuando ha dicho desconocer si los conductores de este servicio son trabajadores por cuenta ajena o falsos autónomos: «Hacer una estimación es bastante complejo». Iruarrizaga sostiene que el ente foral solo puede realizar modificaciones tributarias «en aquello en lo que tengamos capacidad normativa», que no es el caso. De igual forma, tampoco se podrán aumentar las inspecciones a estas plataformas, dado que esa función corresponde también a la administración tributaria que haya en su domicilio fiscal: «No podemos. No serviría para nada».

Aun así, los grupos abertzale y morado quieren que la institución dirigida por Unai Rementeria haga todo lo que esté en su mano. «Es un problema importante ante el cual la Diputación debe poner en marcha todos sus recursos contra la elusión fiscal. Debemos disponer de instrumentos», ha indicado Urkaregi. De Madariaga, proponente de la comparecencia, ha llamado a elaborar un plan específico al respecto para evitar que «nos coman la tostada». El PP, por último, ha mantenido una postura más equidistante ante la polémica. «Hay una necesidad de conciliar la aceptación social de estos servicios y su libertad de empresa con la protección a los que ya están. Que la fiscalidad no sea una desventaja competitiva para el taxi», ha declarado su portavoz, Amaya Fernández.