El desastre de Zaldibar cumple 3 años con 13 imputados en la causa medioambiental

Han pasado ya 1.095 días del desastre que sacudió Euskadi y hay heridas que siguen sin cerrar. Todo empezó con una montaña de 800.000 metros cúbicos de tierra y residuos peligrosos que se desprendió ladera abajo hasta cortar los cuatro carriles de la AP-8. La avalancha fue de tal magnitud -con todos los desechos que cayeron incontrolados podría llenarse el estadio de San Mamés- que se llevó la vida de dos trabajadores de la escombrera, Joaquín Beltrán y Alberto Sololuze. Lo que no se sabía entonces era que el desplome de aquella ladera ubicada entre Zaldibar y Ermua iba a provocar el mayor desastre medioambiental de la historia de Euskadi y que, de forma paralela, iba a desatar una tormenta política que ha girado en torno a la gestión del Gobierno vasco.

Han pasado treinta y seis meses del desastre de Zaldibar. Muchas cosas han cambiado desde aquellas primeras semanas de frenética actividad, pero otras siguen intactas. Para empezar, el cuerpo de Joaquín Beltrán no pudo ser recuperado tras una búsqueda que se prolongó durante 15 meses y el trabajador de Zalla descansará para siempre en el vertedero. El Gobierno vasco tomó también la decisión de sellar allí mismo la montaña de residuos peligrosos ya que, entre otras razones, no existe en Euskadi ninguna instalación con capacidad para almacenar estos desechos. Esta medida, sin embargo, ha quedado en suspenso por el proceso de liquidación de Verter Recycling, la empresa gestora de la escombrera que debe acometer esta obra y a la que el Ejecutivo autonómico reclama casi 29 millones de euros por la estabilización del terreno y las tareas de rescate de los trabajadores desaparecidos. En estas circunstancias, lo que no está claro es que las arcas públicas puedan llegar a recuperar toda esa cantidad de dinero.

El paso del tiempo tampoco ha cerrado la vertiente judicial del desastre ni la exigencia de responsabilidades. En septiembre de 2021, se cerró una de las dos causas abiertas en los juzgados de Durango por este asunto: la que hacía referencia a la muerte de Beltrán y Sololuze. Los máximos responsables del vertedero alcanzaron un acuerdo con la Fiscalía y las familias, a las que indemnizaron con 2,75 millones de euros para eludir la cárcel. El dueño del vertedero, José Ignacio Barinaga, la gerente, Arrate Bilbao, y el ingeniero jefe, Juan Etxeberria, aceptaron una pena de 6 meses de prisión por un delito de homicidio imprudente y otro contra los derechos de los trabajadores.

Los máximos responsables de Verter Recycling también figuran entre los 13 investigados en la causa medioambiental, en la que el colectivo Ekologistak Martxan ejercen como acusación popular. Pero, en este caso, la investigación se apoya en diversos estudios periciales para apuntar también a otras responsabilidades: las ingenierías que se encargaron de la construcción y el control del vertedero y los técnicos del Gobierno vasco que participaron en la concesión de la Autorización Ambiental Integrada al vertedero.

Todavía faltan diversos informes periciales -como el que ha sido encargado a la unidad técnica de medio ambiente de la Fiscalía- para definir todas las responsabilidades. Pero ya hay documentos que apuntan hacia posibles deficiencias en la construcción del vertedero como una de las claves de lo ocurrido. Uno de estos estudios ha sido elaborado por el Cedex, el Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas. Sus especialistas declararán como testigos el próximo 23 de marzo.

Después de los peritos, llegará el momento de que declaren más investigados. Por el juzgado ya pasaron dos representantes de Lurtek, la empresa que firmó un informe en el que, poco antes del colapso, aseguraba que todo estaba bien desde el punto de visto de la estructura. El 28 de marzo están citados a declarar también como imputados 5 técnicos de la compañía Geyser. En su caso, están investigados por un supuesto delito de falsedad en documento oficial y un presunto delito contra el medio ambiente. Tal y como ya adelantó EL CORREO, se trata de una empresa que jugó un papel capital en la vida del vertedero. Verter consiguió en 2007 la autorización ambiental integrada para llevar adelante el vertedero tras presentar un informe de la ingeniería LKS, pero poco después contrató a Geyser, que realizó «variaciones morfológicas» sobre el boceto autorizado por el departamento de Medio Ambiente. La propia empresa hablaba en su web de un «nuevo» proyecto. Además, esta misma empresa realizó en 2018 dos informes que ya alertaban de los problemas de estabilidad del vertedero.

Tras varios retrasos, los técnicos del Gobierno vasco declararán el próximo 20 de abril. Se trata de dos especialistas del servicio de inspección y uno del área de residuos no peligrosos. Los tres han sido llamados por el juzgado número 1 de Durango para que respondan por un supuesto delito de prevaricación imprudente en relación a su papel en la concesión de la licencia de actividad a Verter.

Además, el abogado de Ekologistak Martxan, Carlos Alonso, confirmó ayer que la Ertzaintza ha incorporado a la instrucción un atestado ampliatorio en el que se detalla que el vertedero «ocupaba de manera ilegal terrenos para dejar vertidos, tierras e incluso hacer algunas construcciones. Estaríamos hablando de otro presunto delito contra la ordenación de territorio».