El desahucio de Erandio se ejecutó pese a existir varios procesos judiciales abiertos
El Supremo aún debe pronunciarse y habrá otro juicio para dirimir la nulidad del contrato. Los afectados se han querellado contra el juez
El triple desahucio realizado el viernes en el caserío en el que residían Asier García, su mujer Naiara y su hijo de 17 años ... y en otros dos domicilios de los padres de ambos, todos en Erandio, no es un lanzamiento cualquiera. Se trata de la consecuencia de una hipoteca con cláusulas ya declaradas abusivas y se ha ejecutado estando aún pendiente un pronunciamiento del Supremo, un juicio para decretar la nulidad del contrato y después de que la abogada de la familia e incluso los servicios sociales de la localidad hubieran solicitado en varias ocasiones la suspensión cautelar.
La letrada también había pedido este mismo mes el amparo del Constitucional en un recurso aún no admitido a trámite. La indefensión de las familias durante el procedimiento ha motivado también una querella por prevaricación contra el juzgado responsable del lanzamiento, el Juzgado de Primera Instancia número 12 de Bilbao. «Se han quedado con tres casas por más de un millón de euros, habiendo pagando más de la mitad de la hipoteca. Es uno de los casos más sangrantes que he visto», relata la abogada de la pareja, del despacho Bidekialde y colaboradora de Stop Desahucios.
La historia comienza en 2007, cuando Asier y su pareja Naiara, su hermano Iván y su entonces pareja adquieren un préstamo a UCI, la Unión de Créditos Inmobiliarios, por 506.000 euros para adquirir un caserío bifamiliar. Dos años después, solo Asier, Iván y Naiara se hacen cargo de la propiedad – adquieren un 25%, un 50% y un 25%, respectivamente– y firman una novación, por un importe mayor, de 570.000 euros. En este momento, los padres de Asier y Naiara pasaron a avalarles con sus propiedades. La hipoteca se referenciaba en el denominado IRPH Entidades, un índice alternativo al euríbor, «muchísimo más caro», alerta la abogada de las familias. Aunque el Supremo lo respaldaba, una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de diciembre del pasado año lo cuestiona. Los afectados llegaron a pagar hasta 3.000 euros mensuales de letra.
El 1 de febrero de 2017, aun habiendo abonado 200.800 euros a esas alturas, debían aún 572.982. Así que iniciaron un proceso ante el Juzgado de Primera Instancia número 11 de Bilbao, que siguió ante la Audiencia Provincial, donde pidieron la anulación del IRPH y de cláusulas abusivas, y en su defecto del préstamo. Pidieron también eximir de responsabilidad a los padres. Y aunque la Audiencia anuló varias claúsulas, mantuvo la de IRPH y a los padres como prestatarios. Entonces, recurrieron al Supremo.
La pareja intentó negociar con la UCI, pero la «bola de nieve» era cada vez más grande, y había que pagar cada vez más intereses. Ya habían abonado más de 300.000 euros a la entidad y en 2021, la UCI inició la ejecución hipotecaria, que se paralizó de forma cautelar este mismo enero. Pero el lanzamiento se reinició y se terminó convirtiendo en una terrible realidad el viernes pese a los numerosos intentos por evitarlo. Por ejemplo, el Juzgado de Primera Instancia número 10 de Bilbao admitió a trámite en octubre la demanda sobre nulidad radical del contrato, lo que abría una vía a la suspensión del desahucio que no fue tenida en cuenta.
Último intento
A principios de este mes, los afectados interpusieron un recurso de amparo al Constitucional, pidiendo la paralización del desalojo y alegando vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, aunque aún no está admitido a trámite. Y después, introdujeron una demanda penal contra el propio Juzgado de Primera Instancia número 12 por prevaricación y por «grave vulneración de la tutela judicial efectiva ignorando la jurisprudencia europea y los principios constitucionales consagrados, y por la arbitrariedad constatada a lo largo de este procedimiento».
Los Servicios Sociales también solicitaron la suspensión del lanzamiento atendiendo a la vulnerabilidad de los padres de Naiara, y la letrada volvió a pedirla por el mismo motivo –también han desalojado a un menor de edad, en teoría protegidos por la legislación– y por precaución ante las causas civiles abiertas, sin éxito. La semana pasada reiteró su petición, esta vez hasta que se resolviese la demanda por prevaricación, pero solo se acordó abrir trámite para decidirlo, y las familias ya están fuera de sus casas
La alcaldesa cita a los afectados
La alcaldesa de Erandio, Aitziber Oliban, ha citado a las tres familias afectadas por el triple desahucio, y también ha solicitado la presencia de la abogada que se ocupa del caso. EH Bildu, mientras, trató de consensuar una declaración institucional pidiendo la paralización de los desahucios, pero no salió adelante «por el rechazo o la falta de respuesta del resto de grupos», denuncia la formación. Erandio se declaró municipio «libre de desahucios» en 2016.
«Tenemos un hijo menor y les ha dado igual»
El Ayuntamiento de Erandio ha ofrecido a las tres familias desalojadas un hotel para los primeros días. Asier, su mujer y su hijo de 17 años pasaron la noche en el establecimiento, mientras que sus suegros rechazaron esta posibilidad y se alojan en casa de unos amigos. La intención municipal es hallarles una vivienda en la que puedan asentarse de forma temporal. A las familias les gustaría un alquiler social en su propia casa hasta que se resuelvan todos los procesos. «Hemos intentado parar esto por todos los medios. Desde el principio hemos querido negociar. He hecho todo lo posible. Tenemos un hijo menor de edad todavía y les ha dado igual. He tenido que salir con lo puesto, y sintiéndome un terrorista en mi propia casa, cuando hemos sido estafados», dijo ayer Asier, aún destrozado por lo ocurrido. Reiteró lo manifestado en la concentración de apoyo que se celebró a las ocho de la tarde del viernes, a la que acudieron más de un centenar de personas para arropar a los afectados, muy apreciados en la localidad. «No hemos robado a nadie, todo lo contrario, nos han estafado, y nos han tratado como si fuéramos criminales. Pero seguiremos luchando en los tribunales. El camino empieza aquí», dijo. «Quitan las viviendas a familias trabajadoras para dárselas a los bancos, cuando debería ser al revés», se oyó en la concentración.
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