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Pablo V.C., de 34 años, acusado de matar a su compañera sentimental, Yanely Gonzales, de 31 y origen peruano, padecía un «cuadro psicótico muy productivo con una pérdida de contacto total con la realidad» en el momento del crimen, perpetrado la medianoche del pasado ... 12 de septiembre en la vivienda de la pareja, ubicada en la calle Ortutxueta de Bilbao, según el informe forense aportado a la causa judicial al que ha tenido acceso este periódico. «Se puede estimar una alteración psicopatológica grave, con anulación total de sus capacidades volitivas y cognitivas para los hechos imputados», concluye el dictamen.
Esta declaración de los peritos forenses supone considerar al joven como un enfermo mental con una circunstancia eximente completa que le convierte en inimputable, es decir, que no puede ser juzgado porque no era responsable de sus actos. Además, sufría antecedentes por episodios similares al menos desde 2010, cuando fue diagnosticado de un trastorno psicótico de origen tóxico por consumo de drogas, tal y como figura en su expediente médico. Desde 2018 y gracias a la medicación, no había vuelto a sufrir otro brote hasta horas antes del homicidio.
En concreto, la tarde anterior, el 11 de septiembre, había acudido a Urgencias de Psiquiatría del hospital de Basurto, acompañado por la víctima y por sus padres, en pleno brote con «alucinaciones auditivas», por lo que fue diagnosticado de «descompensación psicótica», pese a lo cual recibió el alta médica con tratamiento ambulatorio. Según él mismo ha declarado, aquel día escuchaba voces en contra de su pareja y estaba convencido de que su propia vida corría peligro y de que le perseguían.
El caso está siendo instruido en el juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Bilbao. Víctima y agresor eran pareja desde hacía unos doce años. Acababan de estrenar una nueva vivienda y tenían planes de futuro.
Tras recibir el alta en el hospital bilbaíno, los padres de él, que se habían desplazado desde Valladolid alertados por Yanely -que le encontraba «raro»-, fueron a aparcar el coche al párking de un hotel cercano en la zona de Mina del Morro. Los progenitores dejaron a la pareja en la vivienda y cuando regresaron al cabo de menos de un cuarto de hora, ya estaba estacionado en la puerta un coche patrulla de la Policía Municipal de Bilbao. Posteriormente, la investigación recayó en la Ertzaintza.
Los vecinos les habían llamado al escuchar gritos procedentes del primer piso. Eran aproximadamente las doce y veinte de la medianoche cuando se produjo una discusión entre ellos por motivos que se desconocen. Entonces, Pablo arremetió contra Yanely con varios cuchillos provocándole un corte profundo en el cuello, así como heridas múltiples por todo el cuerpo, algunas de «difícil explicación», señala el auto judicial. La joven murió a causa de un «shock hipovolémico post-hemorrágico», debido a la gran pérdida de sangre.
También el agresor presentaba heridas de arma blanca en la mano derecha. Tras el crimen, el hombre fue detenido y trasladado de nuevo a Psiquiatría del hospital de Basurto, donde quedó ingresado durante un mes, hasta que el 10 de octubre y por orden judicial, fue llevado al centro penitenciario de Basauri, donde permanece en prisión provisional. Continúa con sintomatología delirante, por lo que sigue bajo control y en tratamiento, y ha tenido que volver a ser ingresado en Psiquiatría por recaídas en varias ocasiones.
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En la causa no se discute la autoría del homicidio, reconocida por el propio acusado, ni su inimputabilidad. Fiscalía, acusación particular y acción popular -representada por la asociación feminista Clara Campoamor y por el Ayuntamiento de Bilbao- y la defensa tendrán que debatir sobre la cuantía de la indemnización a los familiares de la víctima por los daños morales y si el procesado debe cumplir la medida de seguridad que se le imponga en un centro penitenciario psiquiátrico o en un recurso para enfermos mentales. Al tratarse de un delito de homicidio o asesinato, el caso tendría que ser juzgado por un tribunal popular integrado por ciudadanos ajenos a la judicatura.
Bijan Alizadeh, el joven iraní que acuchilló a once peatones y mató a un profesor jubilado en Santutxu el 14 de noviembre de 2011, fue sometido a juicio un año después de las agresiones, pero se acordó una medida de seguridad de internamiento en centro psiquiátrico por un máximo de 20 años al probarse que «presentaba una sintomatología de carácter delirante que anulaba sus capacidades» en el momento de los hechos.
Cuando fue detenido por el homicidio, en la medianoche del 12 de septiembre de 2024, Pablo V.C. pronunciaba «frases incoherentes» y tenía «la mirada perdida», según los agentes de la Policía Municipal y de la Ertzaintza que acudieron al domicilio de la pareja, en la calle Ortutxueta, ubicada entre los barrios de Atxuri y Santutxu. Habían sido alertados por los vecinos, que habían escuchado una riña violenta procedente de la vivienda. «Su comportamiento era extraño», han detallado los patrulleros, que esta semana han empezado a declarar ante el juzgado de instrucción. Algunos de los policías cayeron de baja debido a la impresión que les provocó presenciar la escena del crimen.
Todos los testigos identificados por la Ertzaintza en el caso tendrán que pasar a partir de ahora a ratificarse en sus testimonios o a prestarlos por primera vez ante la jueza de Violencia. Entre ellos la psiquiatra que firmó el alta médica. Los padres y una hermana de Yanely, por su parte, tendrán que pasar por la Clínica de Valoración Forense Integral (CVFI), ubicada en el Palacio de Justicia de Bilbao, donde forenses, psicólogos y asistentes sociales valorarán su situación tras la pérdida dramática de la joven con sólo 31 años y toda la vida por delante. Los progenitores del acusado también deberán declarar en el juzgado, ya que fueron las personas que estuvieron con víctima y agresor hasta momentos antes del crimen.
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