Cronología de la 'guerra' entre baserritarras y pasiegos

La titularidad del barrio de Agüera ha dado lugar a numerosos litigios, sentencias judiciales y situaciones rocambolescas en los últimos 35 años entre Bizkaia y Cantabria

Itsaso Álvarez
ITSASO ÁLVAREZ

Los vecinos a veces discuten sobre los límites de las propiedades, lo cual puede salirse de control y provocar más problemas. Eso ha sucedido desde tiempo inmemorial entre el municipio cántabro de Guriezo y la localidad vizcaína de Trucíos, que llevan siglos, desde el año 1552, tiempos de los Austrias, guerreando por la titularidad del barrio de Agüera, situada a solo dos kilómetros de Trucíos y cinco de Villaverde, y además, de una manera muy similar. Mojones pongo, mojones quito. Carteles pongo, carteles quito. Aquí ha ocurrido como en muchas comunidades pequeñas, que son pocos y hay enfrentamientos arraigados. Incluso en el mismo Agüera unos preferían ser de Trucíos y otros de Cantabria, aunque no tenían muy claro lo que significaba una cosa ni la otra.

Si nos remontamos a enero de 1984, por poner un comienzo a la guerra territorial que se ha librado en los últimos tiempos, encontramos que representantes de Trucíos y Guriezo, de las dos comunidades autónomas y de los municipios de Castro Urdiales y Arcentales -implicados, aunque en menor medida- se reunieron en la cima del Pico Betayo, junto al mojón que corona la cima. Las autoridades vascas defendieron entonces que el límite de ambas localidades iba desde el monte Ventoso hasta la casa de Chaves, en el interior de Agüera. Al mostrar su desacuerdo las partes, los asistentes levantaron las actas correspondientes en el deslinde y se remitieron al Instituto Geográfico Catastral -hoy Nacional-. El 9 de octubre de 1985, esta entidad volvió a intentar el acercamiento de posturas en el pórtico de la iglesia de Agüera, pero tampoco logró que las dos comunidades vecinas llegaran a un acuerdo. A partir de esa fecha, los municipios de Trucíos y Guriezo contaron con un plazo de tres meses para remitir al Gobierno central toda la documentación disponible para enviarla al Consejo de Estado.

El conflicto permanece prácticamente paralizado hasta el año 96, cuando empieza la 'guerra de los carteles', como si un cartel pudiera decidir si Agüera es Cantabria o Bizkaia. Ese año, el entonces alcalde de Guriezo, Adolfo Izaguirre, del Partido Regionalista de Cantabria (PRC), acompañado de varios concejales y del presidente de la Junta vecinal del barrio de Agüera, Aurelio González, echan abajo un tablón municipal de anuncios, diversos carteles forales y la señal indicativa de la entrada en la comunidad autónoma vasca que estaba a la entrada de Agüera. El diputado general de Bizkaia, Josu Bergara, expresa su voluntad de apoyar a Trucíos en «la defensa de sus intereses» y plantea la posibilidad de interponer una denuncia por destrucción de mobiliario público contra los autores del derribo de las señales ubicadas a la entrada de Agüera. El asunto llegaría un año después al Tribunal Supremo. Ojo, pero a la más alta instancia judicial del Estado no le iba a tocar decir a quién pertenecía Agüera (aunque de alguna manera lo hace). Lo que tenía hacer era decidir cuál de las dos comunidades era competente para juzgar al alcalde de Guriezo por el derribo de las señales de la Diputación vizcaína en Agüera, y designa a un juez de Castro al considerar que los hechos se habían producido en suelo cántabro.

En el año 97, los alcaldes de Guriezo y Trucíos retiran de Agüera una señal de demarcación territorial que había instalado pocas horas antes la Diputación de Cantabria. Ambos representantes municipales rehúsan hacer valoraciones sobre la titularidad de Agüera mientras no se pronuncie el Consejo de Ministros y consideran que la colocación del cartel responde a los intereses de determinados políticos por «torpedear» el proceso negociador abierto hace escasas fechas. No lo nombran, pero se refieren al responsable de la consejería de Obras Públicas, el regionalista Miguel Ángel Revilla, actual presidente de la comunidad autónoma de Cantabria -por cuarta vez- y secretario general del Partido Regionalista de Cantabria. Suma y sigue. Año 1998. El Instituto Geográfico Nacional resuelve, tras catorce años de estudios, que el barrio de Agüera pertenece al municipio cántabro de Guriezo, con lo que desoye las reivindicaciones de la Diputación de Bizkaia, que sitúa en medio del enclave la línea divisoria entre ambas provincias. La que en su momento era diputada de Medio Ambiente y Ordenación Territorial, María Esther Solabarrieta, muestra su disconformidad con lo que cree una «decisión salomónica», y dice que el Ayuntamiento de Trucíos recurrirá una resolución «no vinculante, porque la última palabra es del Consejo de Ministros». Tres meses después, la Diputación de Vizcaya y la consejería de Presidencia de Cantabria mantienen una reunión para evitar que se produzcan nuevos «malentendidos» entre ambas instituciones por los límites reales y titularidad del barrio de Agüera. ¿Qué había pasado? Que la diputación vizcaína había exigido a varios vecinos de la localidad que pagasen el Impuesto de Bienes Inmuebles. El encuentro concluye con un «buen clima de entendimiento» y con un «si hay interés las cosas se resuelven». Parece que el problema por el pago de los impuestos afectaba solo a dos vecinos. Se queda en vías de solución.

Pero llega el año 2000 y una ejecución de obras en Agüera vuelve a enfrentar a Guriezo y Trucíos. Resulta que el Ayuntamiento cántabro de Guriezo solicita la paralización de la acometida de aguas que Trucíos ejecuta en el enclave de Agüera, cuya titularidad reclaman ambas instituciones locales. La localidad cántabra remite a su vecina una orden de «paralización inmediata de las obras», mientras la Corporación encartada rechaza el requerimiento alegando una «clara incompetencia territorial, ya que la canalización está dentro del límite jurisdiccional de Trucíos». El alcalde de Trucíos entiende que la actitud del Ayuntamiento de Guriezo «supone una clara deslealtad hacia las instituciones vizcaínas y cántabras, ya que no está cumpliendo el pacto de caballeros adoptado», y las diputaciones de Bizkaia y Cantabria solicitan de nuevo al Gobierno de Madrid que se posicione sobre la ubicación del enclave.

No es hasta abril de 2001 cuando Madrid comienza a mover ficha. El Ministerio de Fomento, a través del Instituto Geográfico Nacional, anuncia entonces que realizará antes de un mes un estudio para resolver el contencioso de Agüera. El informe, que más tarde será remitido al Ministerio de Administraciones Públicas, contemplará una propuesta de deslinde de la zona que mantiene enfrentadas a las dos localidades. También lo recibirán los ayuntamientos de Guriezo y Trucíos. El dictamen precisa que el casco urbano de Agüera, que cuenta con una superficie de 300 hectáreas, era de titularidad vizcaína hasta que el deslinde fue firmado de mutuo acuerdo entre Trucíos y Sámano en el siglo XVI, con la salvedad de que el núcleo habitado quedaba dentro del término municipal de Guriezo. En diciembre el Instituto Geográfico otorga a Guriezo el casco urbano de Agüera, con el correspondiente cabreo en Bizkaia. La Diputación de Bizkaia alega con un informe técnico elaborado por un ingeniero de montes. «El experto ha buscado la localización de los antiguos mojones que delimitaban ambas provincias, según quedó registrado en el primer deslinde, que se llevó a cabo en 1852», explica la diputada María Esther Solabarrieta. »Según este estudio, el pueblo queda dividido en dos mitades, una parte dentro de la zona encartada y otra perteneciente a la comarca más oriental de Cantabria«, continúa. »Habrá que esperar a ver qué resoluciones se toman desde el Consejo de Estado, pero estoy convencido de que Agüera es territorio cántabro. Vamos a tener toda la razón en este asunto«, manifiesta en por entonces vicepresidente de la comunidad cántabra, Miguel Angel Revilla.

Entretanto, el enclave de Agüera vive una situación «surrealista» por la disputa entre Bizkaia y Cantabria ofrece estampas propias de una película de Berlanga. La carne se compra en Cantabria; el queso, en Bizkaia; al pueblo llegan dos carteros, uno desde Villaverde, otro desde Trucíos; hay dos prefijos telefónicos -94 y 942- separados solo por una decena de metros; lo mismo ocurre con la basura, funcionan dos servicios de recogida y el barrio está literalmente sembrado de contenedores de distinta procedencia; finalmente, los impuestos se pagan a pares, a los ayuntamientos de Guriezo y Trucíos, por temor a un embargo. En el tema de la iglesia y el cementerio nadie se atreve a emitir un dictamen, parece terreno neutral. Hay problemas administrativos múltiples: casas escrituradas en Santander, pero registradas en Bilbao; herencias de difícil liquidación por problemas jurídicos; partidas de nacimiento erróneas; tasas de contribución rechazadas y un largo etcétera que hace que vivir en Agüera sea un auténtico galimatías.Pero la beligerancia y hostilidad en los despachos y foros institucionales contrastan con la «tranquilidad absoluta» y «grandes dosis de tolerancia» en la vida cotidiana de un pueblo cansado de una «polémica estéril», según el testimonio de los vecinos recogido por EL CORREO en septiembre de 2002.

Año 2003. El Ministerio de Administraciones Públicas (MAP) aprueba el nuevo deslinde entre los ayuntamientos Guriezo (Cantabria) y Trucíos (Bizkaia), en el que declara que el casco urbano de la localidad de Agüera pertenece a Cantabria y el monte cercano de Fuentebosa forma parte del País Vasco. El Gobierno de Cantabria asegura que se ha reconocido su principal pretensión, pero está disconforme con la asignación de esta montaña a Trucíos. Más o menos aguas tranquilas hasta diez años después, cuando el Supremo zanja el litigio territorial y adjudica a Guriezo las 800 hectáreas que exigía Trucíos, tal y como estableció la Audiencia Nacional en 2005. Frente a los argumentos de Euskadi, en los que se recurre a las dificultades materiales para que el Instituto Geográfico fije con exactitud todos los puntos geográficos establecidos, el Supremo señala que «la dificultad de su realización no es sinónimo de la imposibilidad de su ejecución». Todavía en julio del año pasado la Audiencia Nacional se ve obligada a respaldar de nuevo la fijación del lugar donde se colocaron los mojones definitivos que delimitan los municipios a este lado de la muga y en territorio vecino y a rechazar los recursos planteados por la Diputación vizcaína y el Ayuntamiento de Trucíos. Y por fin anteayer. A 750 metros de altitud, en la cumbre del Pico Vetayo, en una mañana de perros de niebla cerrada y lluvia, ingenieros del Instituto Geográfico Nacional (IGN) clavan los mojones que faltaban para culminar el proceso de deslinde entre Cantabria y Bizkaia, en los términos municipales de Guriezo y Trucíos respectivamente. Este amojonamiento parece dar por finalizada la guerra territorial que nació hace cinco siglos y que se ha mantenido en el tiempo. en la misma falda del monte, la comisión vasca pidió a los técnicos del Instituto Geográfico Nacional la suspensión del procedimiento al considerar que los representantes políticos de los ayuntamientos están en funciones y no pueden intervenir en decisiones que afectan a los límites territoriales. De modo que no puede decirse que se haya terminado la partida.