Ondarroa negocia con el Obispado abrir al público el patio de Txomin Agirre

En los últimos meses, el Consistorio trata de llegar a un acuerdo con el Obispado y la parroquia del municipio para abrir el patio a la ciudadanía. Desde el órgano religioso, por su parte, reclaman la titularidad del espacio que además cumple la función de cubierta de un parking subterráneo gestionado por la Administración local.

«Las conversaciones se desarrollan en buena sintonía, pero como sucede en este tipo de procesos hay un tira y afloja en el que cada parte defiende su postura», señalaron portavoces municipales. Desde el Ejecutivo costero sostienen que «el convenio suscrito recoge que en el momento en que no se cumple la función de ikastola, el espacio tiene que retornar al municipio», añadieron las mismas fuentes. «Además, contempla su apertura al público en general fuera de los horarios escolares y tampoco se cumple», señalaron.

El Ayuntamiento ondarrés persigue desde hace varias legislaturas hacerse con el patio. De hecho, ha recurrido en dos ocasiones a la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi (COJUA), un órgano administrativo que atiende recursos especiales con objetividad e imparcialidad, para pedir la revisión de oficio del acuerdo urbanístico que data de 2007, origen de la discordia.

La Administración costera y el Obispado, titular del centro, firmaron un convenio de colaboración por el que el Ayuntamiento utilizaba el subsuelo del patio para paliar el déficit de estacionamientos de Kamiñazpi. A cambio, la ikastola dispondría de una cubierta metálica, similar a la de la escuela pública, con la singularidad de que podría retirarse al finalizar la jornada escolar para convertirse en un espacio abierto al público en general.

El acuerdo establecía que la parroquia entregaba al Consistorio 1.102 metros cuadrados del patio y, en contraprestación, recibiría otro terreno de 832 metros cuadrados, así como cinco plazas de aparcamiento en el nuevo parking y 300 euros por cada día de retraso en la entrega de los bienes permutados.

El recubrimiento no fue ejecutado por encontrarse fuera de ordenación urbanística y suscitar las quejas de las comunidades de vecinos del entorno. El aparcamiento tardó tres años en ejecutarse, mientras que el patio se puso a cubierto sólo de manera parcial, tal y como se encuentra en la actualidad.

Los órganos jurídicos han estimado hasta en dos ocasiones que no procede la revisión de oficio del pacto urbanístico, aunque vinculaban «el convenio de uso compartido a satisfacer las necesidades educativas del centro, por lo que se encuentra vinculado al derecho de la Educación».