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Iratxe Astui
Bermeo
Jueves, 5 de junio 2025
A Ana Flor Landa le pesa como una losa la amistad que en su día mantuvo con Abderrajin, un inmigrante de origen marroquí con el ... que había entablado una relación de confianza. Nunca imaginó que ese vínculo acabaría dejándola fuera de su propia casa durante más de dos años. Todo comenzó poco antes de marcharse de vacaciones con su exmarido y dos hijos «tras pasar una etapa mala», cuando Abderrajin y un amigo la acompañaron a hacer unas gestiones a Gernika. En ese momento, le pidieron un favor que Ana, por una cuestión de confianza, no se atrevió a negar. «Me dijeron que un amigo suyo tenía una oferta de trabajo en Bermeo y necesitaban un sitio donde quedarse un par de días», recuerda. Les dejó las llaves el 15 de septiembre de 2023 con la idea de que hicieran una copia y se las devolvieran de inmediato, «después de que sacase la ropa que necesitaba para las vacaciones y la llevara a casa de mi exmarido, donde viven mis hijos». Pero ese momento nunca llegó. «Siempre tenían una excusa, me daban largas. Días después me acusaron de haber hecho un trato verbal para alquilarles la vivienda y, para colmo, llamaron a la Ertzaintza para denunciar que había cambiado la cerradura».
Cansada de esperar soluciones y harta de sentir que nadie la escucha, Ana Flor ha tomado la decisión de plantarse en una silla de playa frente a su vivienda, un primer piso del número 4 de la calle Morondo, más conocida entre los bermeanos como 'el callejón sin salida'. Ante la fachada del piso de 45 metros cuadrados en el que ha vivido durante 36 años, ha montado su pequeña protesta. Junto a ella, un cartel escrito a mano denuncia su situación: 'Dos años fuera de mi casa. Fuera okupas. Justicia'. «Yo no me muevo de aquí hasta que esos sinvergüenzas salgan de mi casa», insiste.
Asegura que, aunque interpuso una denuncia, el caso fue archivado por la jueza al constatar que los actuales ocupantes –al parecer un hombre acompañado de una mujer con un bebé de tres meses– estaban empadronados en el domicilio. «No sé de dónde han sacado eso. No es verdad», afirma con firmeza a EL CORREO. A pesar de que cuenta con un bono social eléctrico, el pasado invierno recibió recibos de luz de más de 200 euros mensuales. «Me dio un ataque de ansiedad. ¿Cómo voy a pagar eso si solo cobro una pensión de 400 euros? Estoy endeudada y en la calle».
El año pasado volvió a denunciar por usurpación de vivienda, convencida de que la anterior documentación contiene errores o ha sido mal interpretada, pero se ha topado con nuevas trabas. «Me han notificado que el juicio que teníamos previsto para este miércoles ha sido suspendido porque, según la Policía Municipal, no han conseguido localizar a los ocupantes -explica-. Todo el mundo les ve entrar y salir. El hombre incluso se presentó en una reunión de vecinos y votó a favor de contratar un servicio de limpieza para la escalera. Es indignante», denuncia. «Ayer -por el miércoles-, sin ir más lejos, les he visto yo misma entrar al portal escoltados por la Ertzaintza», asegura.
Sus vecinos de toda la vida no dudan en acercarse con un café, unas galletas o una tortilla para darle ánimos. «No tengo buena salud, pero ellos me apoyan y cuidan como pueden. Lo agradezco muchísimo». Por las noches se retira «a casa de unos familiares» y «los cuatro meses que mi exmarido está en la mar, me traslado a su casa con mis dos hijos».
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