El alcalde de Mundaka recurrirá al Supremo la resolución que avala la moción de censura del PNV

Aunque la sesión plenaria ha contado con una decena de puntos, este ha sido, sin duda, el asunto que más ampollas ha levantado de nuevo, antes incluso de que arrancara la jornada. Y es que, el PNV intentó introducir a finales de la semana pasada una moción de urgencia en la que solicitaba al Ayuntamiento que renunciase a recurrir la sentencia del TSJPV y procediese a la puesta en marcha del proceso de una moción de censura tras la convocatoria de un pleno extraordinario. El documento, sin embargo, ha quedado fuera del orden del día de hoy, por lo que a primera hora de esta mañana, el grupo jeltzale adjuntó a la moción su petición para que se votara de urgencia antes de proceder al turno de ruegos y preguntas. «Instamos al alcalde a acatar las sentencias y el régimen competencial de las leyes que avalan el curso de la moción de censura», justificaron desde las filas del PNV de Mundaka.

Esta segunda petición tambien ha quedado sobre la mesa, después de que el secretario municipal argumentara que «no he tenido tiempo para su análisis en profundidad e incluso hará falta asesoramiento externo para acreditar su urgencia, ya que no es una moción al uso», a la vista de la situación en la que se encuentra el proceso en los tribunales.

Este hecho, unido a que Mikel Bilbao no ha permitido inicialmente a los jeltzales leer el texto que iban a presentar, ha hecho que la tensión fuese en aumento. La portavoz peneuvista, Irati Gondra, acuso al primer edil de «anteponer sus intereses particulares a los del Consistorio», mientras que el máximo mandatario replicó que «el Ayuntamiento y el pueblo, al que represento, tiene derecho a defenderse y recurrir al Supremo y lo que queréis con vuestra propuesta es que no pueda hacerlo». El PNV, que cuenta con mayoría en el pleno –cinco ediles por tres de EH Bildu, más el alcalde no adscrito a ningún partido–tenía asegurada su aprobación en caso que el documento se hubiera incluido finalmente en el orden del día.

Los jeltzales ven de esta manera cómo se dilata de nuevo el proceso que pusieron en marcha en septiembre del año pasado para desbancar al regidor, con el que mantienen serias discrepancias prácticamente desde el inicio de la legislatura. «Has privado a este pleno de ejercer un derecho fundamental. Tienes secuestrado en beneficio propio y despilfarrando dinero público en costas judiciales cuando ya existen dos sentencias y un informe de la Fiscalía a favor de cursar al moción de censura», recriminó Gondra al regidor.

La brecha que separa al PNV de Mundaka de su alcalde tiene como telón de fondo el plan de ejecución de Basamortu. Una permuta de terrenos con una familia de la localidad para la construcción de un parque en el núcleo urbano que terminó judicializada y el regidor acusó al PNV de utilizarle para una operación urbanística «ilegal, traída del batzoki». Bildu, único partido de la oposición en el Ayuntamiento de la anteiglesia costera solicitó incluso al alcalde que «deje en manos de la Fiscalía el expediente de Basamortu a fin de que se aclare este asunto» ante las sospechas por parte de la coalición abertzale de que existan irregularidades en su tramitación. «Es una posibilidad que actualmente estamos estudiando», adelantado Bilbao.

El PNV cuenta con dos sentencias y un informe favorable de la Fiscalía que avalan la legalidad de una moción de censura, que se frenó inicialmente por un informe contrario del secretario municipal amparado en la Ley del Régimen Electoral. De hecho, el artículo 197 de Loreg determina que los jeltzales necesitarían mayoría absoluta reforzada para activar el proceso, un requisito imposible de cumplir en Mundaka. Sin embargo, primero la sala de lo contencioso-administrativo número 3 de Bilbao y después el TSJPV sostienen la legalidad del proceso. Ambos argumentan en sus fallos que «los firmantes de la moción de censura –cinco ediles del PNV– han pertenecido, desde el principio de la legislatura, a ese grupo municipal» y es el alcalde el que ha abandonado el mismo «como consecuencia de una expulsión disciplinaria».

Ahí estaría, precisamente, la clave del asunto. La resolución señala que «lo que no puede pretender el Ayuntamiento recurrente es que un partido político que ha expulsado de su grupo a una persona se vea obligado a mantenerla en el puesto de alcalde apoyándose, para ello, en una norma que tiene por objeto justamente lo contrario». El Supremo deberá decidir ahora cómo se resuelve el conflicto en el Ayuntamiento mundakarra.