Las familias desalojadas de Ondarroa podrán financiar sus gastos hasta finales de 2017

Vecinos de San Inazio con algunas de sus pertenencias cuando fueron desalojados./
Vecinos de San Inazio con algunas de sus pertenencias cuando fueron desalojados.

Los damnificados por el derrumbe de Kamiñalde temen que la llegada de las lluvias afecte de forma negativa al desarrollo de las obras

MIRARI ARTIMEondarroa

El Gobierno vasco ha decidido ampliar hasta finales de 2017 el plazo para que las 84 familias que aún permanecen desalojadas de la calle San Inazio de Ondarroa puedan financiar los gastos derivados de la situación en la que viven desde principios de marzo. «Entendemos que continúan necesitando ayuda para cubrir las necesidades más elementales en sus residencias provisionales», aseguró el portavoz del Ejecutivo vasco, Josu Erkoreka.

El pasado 3 de mayo, el Gobierno vasco acordó conceder con carácter extraordinario una subvención de hasta 240.000 euros al Ayuntamiento costero para atender las demandas básicas electrodomésticos, menaje, alquiler de los vecinos que tuvieron que abandonar de manera urgente sus residencias por el derrumbe de la ladera de Kamiñalde. Desde el colectivo de afectados, por su parte, han mostrado su preocupación por la llegada de las lluvias y la posible incidencia negativa que ello pueda tener el desarrollo del proyectos para estabilizar la montaña de manera definitiva.

«Aunque mantenemos la esperanza de que se cumplan los plazos y aproximadamente la mitad de las familias podamos regresar a casa para febrero-marzo, todavía queda por ejecutar una parte importante de los trabajos de desmonte, sobre todo en la parte más baja de la ladera y las intensas precipitaciones no son nada buenas para este tipo de trabajos», señalaron desde la gestora Saniñazio Mendi Azpixan. La comisión técnica encargada del seguimiento de los trabajos Gobierno vasco, Diputación y Consistorio celebrará hoy al mediodía en el palacio foral la reunión aplazada la semana pasada para abordar principalmente la manera de financiar las obras.

Las primeras estimaciones fijaron en 17 millones de euros el desembolso necesario. Tanto el Ejecutivo autónomo como la institución foral han planteado varias fórmulas para abaratar el coste, pero no han recibido el visto bueno del Consistorio ondarrés.