El Constitucional anula la condena a cuatro miembros de una asociación de cannabis de Bilbao

El Constitucional anula la condena a cuatro miembros de una asociación de cannabis de Bilbao

El tribunal concluye que se vulneró su derecho de defensa y a «un proceso con todas las garantías» cuando el Supremo les condenó a penas de entre 6 y 20 meses de cárcel, así como al pago de multas de hasta 250.000 euros

EFE

El Tribunal Constitucional ha anulado la condena dictada el 9 de diciembre de 2015 por el Supremo contra cuatro miembros de la Asociación de Usuarios de Cannabis Pannagh, de Bilbao, al concluir que se vulneró su derecho de defensa y a «un proceso con todas las garantías».

La sentencia del Constitucional, notificada el pasado viernes, estima parcialmente el recurso de amparo presentado por el del bufete alicantino Brotsanbert, dirigido por Héctor Brotons. La Sala Segunda del Supremo condenó al presidente de Pannagh, Martín Barriuso, y a otros tres miembros de la asociación a penas de entre 6 y 20 meses de cárcel, así como al pago de multas de hasta 250.000 euros, como autores de un delito contra la salud pública.

La Sala Segunda del Constitucional ha resuelto que los acusados tenían derecho a ser oídos por el Supremo antes de dictarse el fallo porque éste se adentra en el plano subjetivo de las pruebas, al señalar que debieron ser conscientes de la ilegalidad de su conducta.

Ellos sostienen, por el contrario, que creían actuar dentro de la ley, pues la asociación estaba inscrita de manera oficial, mantenía fluidos contactos con las instituciones, y los juzgados y tribunales habían dictado sentencias absolutorias respecto a colectivos similares.

Conocido por la Ertzaintza

De hecho, habían sido investigados en dos ocasiones con anterioridad pero ambos procedimientos concluyeron en sobreseimiento y «con devolución del cannabis» incautado por la Policía Local, ya que «los cultivos eran conocidos y tolerados por la Ertzaintza», ha recordado hoy Brotons.

Los magistrados aplicaron a este caso la doctrina emitida unos meses antes por el propio Pleno del Supremo y revocaron la sentencia dictada en marzo de 2015 por la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Bizkaia, que les había absuelto de tráfico de drogas.

El tribunal vizcaíno falló que no tenían «ninguna finalidad de tráfico y que los aproximadamente 80 kilos de marihuana que les confiscó en 2011 la Policía Municipal de Bilbao procedían de cultivos compartidos entre los 320 socios de Pannagh para su autoconsumo, en muchos casos con una finalidad terapéutica».

La Fiscalía recurrió esa sentencia y el Supremo la revocó el 9 de diciembre de 2015 para establecer que el cultivo y la distribución «organizada y con vocación de persistencia en el tiempo» de cannabis era delictiva. Según el Supremo, ese comportamiento «colma las previsiones del delito contra la salud pública previsto en el artículo 368 del Código Penal y no encaja en un supuesto de cultivo compartido no punible».

La Sala Segunda del Constitucional ha avalado ahora esa tesis al rechazar la mayoría de los motivos expuestos en el recurso de amparo.