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1.253.961 dólares. Es el dinero que el Consorcio de Aguas de Bilbao Bizkaia (CABB) espera ingresar a medio plazo de Argentina. La entidad ... pública vizcaína mantiene un pleito con el Gobierno de Javier Milei para recuperar esta suma, en un litigio que se prolonga desde hace dos décadas y que tiene aún varios flecos pendientes. El cobro pondría fin, de manera definitiva, al desastroso intento de expansión de la institución que gestiona el agua en nuestro territorio en el cono sur de Latinoamérica, a finales del siglo pasado. Un proyecto que llevó a CABB a desarrollar un ambicioso plan en Uruguay y Argentina, pero que terminó en un estrepitoso fiasco, generando descrédito en el organismo con sede en Venta Alta y pérdidas millonarias a una empresa de Florentino Pérez.
La historia de este caso se remonta a 1999. EL CORREO ha accedido a nueva documentación judicial inédita que permite reconstruir y aclarar algunas incógnitas de aquella rocambolesca aventura empresarial emprendida a 10.500 kilómetros de distancia de Euskadi. Una iniciativa que acabó generando una tormenta política a ambos lados del Atlántico.
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Primero es recomendable hacer un apunte: los 1,25 millones que CABB podría ingresar, si le gana la partida a Milei, son solo una gota dentro del mar de 163 millones que esta entidad reclamó en su día (sin éxito y sin ningún tipo de publicidad) a las autoridades de Buenos Aires. La cifra se corresponde con una serie de gastos jurídicos y en abogados que los tribunales han estimado que han de ser costeados por las autoridades del país sudamericano. Será la única compensación.
Todo comenzó a finales del siglo pasado. Alguien en el Consorcio de Aguas pensó que sería una buena idea vender a América Latina el conocimiento de sus técnicos y su buen hacer en el saneamiento de la ría de Bilbao. «Se veía como una cuestión de imagen y solvencia, pero también como un posible negocio de altos vuelos. Al menos eso se comentaba en la casa», cuenta un trabajador ya jubilado, que prefiere mantener el anonimato. Se intentó en Uruguay, pero las cosas no salieron. Este reportaje se centra exclusivamente en lo sucedido en tierras porteñas, donde CABB se alió con Urbaser (empresa que por entonces pertenecía a Dragados, absorbida en 2002 por el grupo de Florentino Pérez) y un consorcio italiano (Impregilo). Las tres partes alumbraron la empresa Aguas del Gran Buenos Aires (AGBA). Los vizcaínos participaron con el 22% del accionariado.
Argentina estaba privatizando el ciclo del agua porque había graves carencias en el suministro y en la red de cloacas. Había mucha infraestructura que construir y en el ladrillo estaba, sobre todo, la posibilidad de hacer dinero. La idea de las autoridades bonaerenses era ceder el cobro de las tarifas del suministro al sector privado, a cambio de fuertes inversiones en los próximos 30 años. CABB, que se presentó como operador técnico, y sus aliados optaron a dos de los tres concesiones (zonas A y B, dejando de lado la C). La mercantil Azurix, de la multinacional estadounidense Enron, se acabó llevando el 66% del pastel (A y C) y hubo que ir a una segunda fase en el área B porque nadie se había interesado por ella de forma individualizada.
Todo lo que sigue a continuación está documentado y recogido en el laudo que el juez árbitro del tribunal internacional CIADI dictó en 2017 en contra de CABB. Un proceso judicial que se plasmó en una sentencia de 482 folios que no ha trascendido hasta ahora a los medios de comunicación. Tras reformularse la licitación en la zona B, solo CABB y sus aliados presentaron oferta. Este es un detalle que nunca se dijo, hace veinte años, en aquellas polémicas asambleas del Consorcio en Venta Alta en las que la expansión a Argentina acaparó discusiones y titulares. Es decir, lo que en principio parecía un «negocio de altos vuelos», no contó con más candidatos que uno.
El 3 de enero de 2000, el Consorcio y sus socios en AGBA desembarcaban y se hacían cargo de la gestión del agua de siete distritos de la provincia de Buenos Aires para mejorar las condiciones de 1,7 millones de habitantes. Sólo el 35% de esa población tenía acceso al suministro y el 13% estaba enchufada a depuradora. Se trata de una de las áreas metropolitanas «más abandonada del país». Así lo recoge el laudo, que añade que había una coyuntura económica y social «de extrema debilidad». Es decir, aquellos que tenían que sufragar la construcción de plantas y canalizaciones a través del pago de sus recibos se encontraban en una situación precaria.
La concesión a 30 años nacía con un problema estructural añadido, en el que posiblemente no repararon los responsables de AGBA: la cultura del impago y del enganche fraudulento. En el momento de tomar las riendas, había unos 80.000 hogares que recibían suministro pero a los que ni siquiera se les emitía factura. Los índices de morosidad llegaron a ser «astronómicos».
Apenas año y medio después del desembarco de CABB en Argentina, el país decreta el conocido como 'corralito'. La tasa de impagos se dispara aún más, rozando el 80%. Esta crisis fue presentada por los abogados del Consorcio como una causa imprevista que terminó por hundir el proyecto. Aunque durante el proceso judicial, varios peritos declararon que el bache económico se veía venir desde 1998. La cosa se puso negra cuando, tras haber tomado medidas coercitivas contra los morosos (corte del suministro), la empresa en la que se integraba CABB tuvo que prescindir de esta drástica práctica por temor a «un estallido social». No obstante, los jueces le reprochan a AGBA que «sabía perfectamente que una medida tan grave conllevaba fuertes restricciones legales y regulatorias». Y sugiere que podría haber emprendido una mejor gestión comercial que la aplicada.
Españoles e italianos tampoco encontraron financiación externa. Ningun banco quiso apoyar el plan. Y todo este clima fue el que acabó por desequilibrar la concesión, según se planteó ante el tribunal internacional que analizó el caso. En 2006, las autoridades argentinas rescindieron los contratos y echaron al Consorcio y sus aliados de Buenos Aires.
CABB y la empresa de Florentino Pérez no se quedaron de brazos cruzados. Plantearon el litigio ante el tribunal internacional. Urbaser reclamó 153 millones de dólares. El Consorcio, 163. La decisión de los jueces no llegó hasta 2017 y fue contundente. Asumieron la tesis del Gobierno argentino: españoles e italianos no cumplieron con el plan de inversiones requerido. Y, por este motivo, la rescisión de la concesión fue ajustada a derecho. Como única compensación, los magistrados acordaron que Argentina pagara los 1,25 millones de dólares que aún colean.
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