Condenan a Barakaldo a pagar 57.000 euros a una interventora por acoso

La denunciante, de 52 años, que ha permanecido un año y medio de baja y que sufre un trastorno ansioso-depresivo relacionado con el conflicto laboral enconado que se ha prolongado a lo largo de la última década, continúa en el mismo puesto, «relegada, con un administrativo por encima que le manda y sin contenido de trabajo», explica su abogado, Juan Ignacio Marcos, que ha solicitado la ejecución de la sentencia.

El caso se ha desarrollado en dos fases. La afectada, licenciada en Económicas y Empresariales, fue nombrada funcionaria en la categoría de auxiliar administrativa en 1997. En 2000 accedió a una plaza de economista y fue nombrada jefa de la Sección de Presupuestos y Contabilidad. Aquí empezaron los problemas con su superior jerárquico, al que ella sustituía por temporadas. «Desarrollaba funciones que requerían de alto grado de experiencia y responsabilidad sin percibir cantidad alguna», detalla el fallo. De ahí fue trasladada a Inguralde, un organismo autónomo, como interventora a cubrir una vacante hasta que fue ocupada la plaza. Ella pasó a convertirse en interventora delegada y los enfrentamientos con su nueva jefa se agravaron.

En la sentencia se reproducen los mails que le enviaba la responsable en la que le instaba a que realizara los informes como ella le había indicado. «Has rehusado seguir mis instrucciones, has cuestionado mis órdenes y, en ocasiones, las has tergiversado con repercusiones en compañeros de otras secciones», le escribió. En una reunión, delante de otras personas, llegó a reprocharle que tenía «complejo de Calimero» por magnificar cuestiones que para ella eran secundarias.

La demandante, por su parte, se quejaba de que su «independencia técnica» se veía afectada en el desempeño diario de su tarea, que no le informaban de nada, que estaba «aislada» y con la obligación de enviar copias de sus correos electrónicos a su responsable, además de ponerle pegas a sus vacaciones o permisos. Cayó de baja y un médico le diagnosticó un «trastorno de ansiedad generalizado, asociado al trabajo».

Finalmente, decidió recurrir a los tribunales. Al presentar la demanda por acoso laboral, se dictó como medida cautelar que fuera cambiada de puesto de trabajo y «le volvieron a poner en el puesto inicial donde había nacido todo», señala su letrado.

La magistrada rehúsa reconocer los daños patrimoniales sufridos, que deben ser reclamados en la jurisdicción Contencioso-administrativa y no en la Social, y entiende que no hubo «hostigamiento laboral» o «trato indigno» hacia la trabajadora. La resolución responsabiliza al Ayuntamiento de Barakaldo por no haber adoptado medidas para que esta situación, conocida desde hace años, llegara tan lejos, por lo que le insta a colocar a la víctima en un puesto adecuado «con seguimiento por parte del servicio de prevención de riesgos laborales».