Condenan a un abogado de Bilbao que se quedó con la casa de una anciana

Los primeros pasos de la estafa comenzaron en 2015. La víctima conoció ese año a R. D. B., que trabajaba en una cafetería de Bilbao que solía frecuentar. Según el relato de hechos probados del fallo judicial, la relación entre ambas se «intensificó» después del fallecimiento del marido en 2022. Fue entonces cuando entra en acción el abogado E. B. G. Entre los dos consiguieron «ganarse la confianza» de Maite (nombre ficticio), sabiendo que «no contaba con una estructura familiar o social». Esta mujer estaba «sola» y en una situación cada vez más «vulnerable».

El siguiente paso fue llevarla a la notaría de P. L. O. en septiembre de 2022 y empezar a vaciar su cuenta. Según recalca el fallo judicial, los dos sabían que sufría un «deterioro evidente de sus capacidades cognitivas», pero su intención no era otra que «obtener un beneficio económico ilícito». En la notaría consiguieron que la víctima firmara dos escrituras. En la primera otorgó «poderes generales» a E. B. G. En la segunda les nombró herederos universales a los dos condenados. Cuestionado al respecto por este diario, el notario que avaló los poderes de la víctima en favor de los dos estafadores -que tuvo que declarar en sede judicial- afirma que consideró que la víctima estaba en condiciones de saber qué es lo que estaba firmando.

De forma paralela, en esa misma época la llevaron varias veces al banco para hacer que sacase de sus ahorros casi 10.000 euros en efectivo. Fueron de menos a más. Empezaron sacando entre 500 y 1.000 euros. La última vez que la llevaron al banco sacaron 6.000 euros. El abogado E. B. G. no quiso realizar comentarios sobre la sentencia, que también les condena a indemnizar con 9.500 euros a la víctima.

La estafa se destapó por la denuncia que presentaron ante la Policía local de Bilbao los responsables de una inmobiliaria que tenían la vivienda de esta mujer como un posible negocio. A partir de ahí, un juzgado de instrucción abrió una investigación que consiguió pruebas de que los dos acusados se pusieron «de acuerdo» para aprovecharse de una mujer «vulnerable y sola».

En estas circunstancias, una de las primeras medidas que se adoptó fue nombrar representante legal de la víctima a los servicios sociales de la Diputación de Bizkaia, que a partir de ese momento pasaron a velar por los bienes y el patrimonio de la mujer. De forma paralela también se suspendieron de forma cautelar los poderes otorgados a los acusados en la notaria de P. L. O.

Una vez concluida la instrucción, los acusados asumieron los hechos y aceptaron una condena de un año y 3 meses de prisión por aprovecharse de una mujer mayor que tenía dañadas sus capacidades cognitivas. Lo hicieron con el compromiso de indemnizar a la víctima, de tal manera que las repercusiones penales de sus delitos se verían rebajadas. De hecho, la pena de prisión ha quedado suspendida «con la condición de que los encausados no cometan ningún delito» durante los próximos dos años.