La chapuza del derribo de la cruz del Gaztelumendi

En el último año, el Consistorio había dictado diversas resoluciones para negar su implicación y derivar la culpa hacia las firmas subcontratadas. Sin embargo, un reciente dictamen de la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi, un órgano consultivo del Gobierno vasco, ha hecho que la institución local haya acabado por asumir una responsabilidad que será compartida con las compañías que ejecutaron el desastroso derribo. «Acatamos la resolución y será nuestro seguro y el de las otras partes los que indemnicen a los afectados», aseguró ayer el alcalde, Iñigo Gaztelu (EH Bildu).

Los informes periciales y legales son concluyentes. El arquitecto que ha estudiado a fondo el caso sostiene que el primer error fue subestimar la operación. No se analizó debidamente el estado ni la composición del monolito, de 10 metros de altura y unas 50 toneladas de peso. En su opinión, «la evaluación de las condiciones iniciales del elemento a demoler en el proyecto presentado fue de escasa profundidad». Constata que «se realizó una somera descripción en base a una inspección visual y no se realizaron ensayos complementarios».

El perito afirma que los operarios no sabían si la estructura tenía o no un armazón metálico. Algo que podría haber sido fácilmente comprobable mediante un pachómetro, una herramienta que permite conocer el grosor del hormigón y detectar la presencia de acero en su interior.

Nada de esto se hizo. Y, al carecer de una estructura metálica, el monolito se partió en mil pedazos en su caída. Además, el arquitecto llama la atención sobre el hecho de que el sistema de derribo se cambiara a última hora, «cuando ya estaban 'in situ'». En un principio se iba a utilizar una retroexcavadora para echar abajo las piedras de arriba hacia abajo, poco a poco. Sin embargo, se modificaron los planes y se utilizó un cable de tracción arrastrado por un camión. «Un sistema al que le es inherente el riesgo de derrumbamientos incontrolados».

El siguiente y definitivo fallo fue situar al público en la parte baja de la ladera del monte. Se estableció un perímetro de seguridad de 18 metros. Pero fue totalmente insuficiente, sobre todo porque las piedras proyectadas cogieron gran velocidad por efecto de la gravedad (rodaron cuesta abajo). Los asistentes al acto se pusieron en el peor sitio, en una zona con una fuerte pendiente descendente, «lo que supone un mayor riesgo de impacto de materiales». Por último, el arquitecto destaca que el sentido en el que se aplicó la fuerza de tracción fue la equivocada. «El derribo no se produjo de la forma esperada y se desplomó incontroladamente en dirección sensiblemente perpendicular a la que habían supuesto».

Tras producirse el incidente, la dirección de obra alegó que la demolición «se había convertido en un espectáculo público por decisión unilateral del Ayuntamiento, corriendo a su cargo como promotora y organizadora velar por la seguridad en ese caso, con arreglo a la legislación correspondiente». El Consistorio, por su parte, declinó cualquier participación y aseguró que había subcontratado todo el proceso por no contar con medios técnicos suficientes. La Comisión Jurídica Asesora concluye ahora que la culpa es compartida y que la Administración local es también responsable porque «los servicios municipales no podían ser ajenos a los hechos». Las indemnizaciones están todavía por cuantificar.