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Las fundaciones que gestionan los colegios concertados Jesuitinas y Jesús María de Bilbao han decidido unir sus fuerzas y abrir un nuevo proyecto educativo «más ... sólido», Zabalbide ikastetxea, que se ubicará en las instalaciones de Jesuitinas. El proceso ha sido «complejo» y se ideó el pasado mes de junio, aunque el visto bueno de Educación no llegó hasta noviembre. Las familias fueron informadas en enero, apenas unos días antes de que se abriera el plazo de matriculación del próximo curso.
La decisión se adoptó «antes de que la pérdida de alumnado fuese una hemorragia. La otra opción era bajar la persiana», explica en conversación con este periódico Idoia Larrayoz, directora de Jesuitinas. La apuesta es montar un proyecto trilingüe basado en valores cristianos. La fusión les va a permitir «ampliar la oferta educativa», explica esta docente. En la misma línea, Iñigo Atorrasagasti, director general de Jesús María, y Emilio Gallego, director pedagógico, defienden las bondades de la integración. «Vamos a tener recursos para hacer más de lo que hacíamos hasta ahora por separado», resumen. Esta fusión es paradigmática porque es la primera en Bizkaia entre dos centros concertados. Tienen una trayectoria similar y fueron fundados por congregaciones «con vocación educativa», indica Atorrasagasti, que pone en valor el «apoyo» que están recibiendo de la «mayoría» de las familias, aunque muchas expresaron su malestar por lo precipitado del anuncio.
El movimiento obedece también a un detalle de gran importancia. Y es que a partir del próximo mes de septiembre cambian las reglas del juego para los centros concertados. Los conciertos educativos se renuevan por periodos de seis años. La última actualización se realizó en 2022, poco después del pacto educativo que sentó las bases de la Ley de Educación. Entonces se decidió dividir el calendario de concertación en dos trienios.
Durante el primero, que termina este curso, cada colegio podía perder como máximo la financiación pública de un aula concertada, normalmente la de dos años, por no tener suficiente alumnado. A partir del próximo curso, esta cláusula desaparece. Ahora, si el Ejecutivo así lo decide, los centros podrían perder la financiación de todas aquellas aulas en las que no tengan estudiantes suficientes. «Evidentemente, este cambio también ha tenido que ver a la hora de tomar la decisión», señala Larrayoz.
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