43 cámaras multarán a los vehículos que se cuelen en las zonas peatonales de Bilbao

En cuanto se habla de cámaras siempre se abre la puerta al debate privacidad/seguridad, y hasta qué punto aceptamos ser más vigilados a cambio de conjurar peligros potenciales. Según fuentes municipales, los dispositivos que se van a implantar únicamente tienen la vocación de identificar matrículas. Sin embargo, el pliego de condiciones también exige que se registre una imagen con «no sólo la matrícula, sino también el vehículo y el lugar donde se encuentre», a fin de probar la infracción de cara a la posterior multa. En este sentido, la Agencia Española de Protección de Datos señala que el acceso a zonas restringidas al tráfico «se controla mediante cámaras que captan la matrícula de un vehículo para comprobar si puede acceder o no a la citada zona, sin que sea necesario captar la imagen de los ocupantes».

En fin, un asunto siempre abierto a interpretaciones. Pero este caso poco tiene que ver con las cámaras que monitorizan de manera constante San Francisco o Atxuri, o las 75 que vigilan la circulación en las calles de la ciudad, o las 400 instaladas en edificios oficiales en Bilbao.

«Controlar el acceso al Casco Viejo era un compromiso de Gobierno», asegura el concejal de Movilidad, el socialista Alfonso Gil. Además, mantiene que estamos ante una medida largamente reclamada por los vecinos porque hace falta conciliar distintos intereses: el comercial -para la carga y descarga de mercancías-, el turístico -por ejemplo, para que los visitantes puedan llegar a los hoteles-, el vecinal...

¿Y por qué no se ha optado por instalar elementos físicos, como bolardos, que impiden el acceso a vehículos no autorizados, o en horarios prohibidos? «Porque queremos monitorizar el espacio», razona Gil. Según su argumentación, las cámaras no sólo están pensadas para sancionar a quien invada terreno vedado, o a quien lo haga a horas no permitidas, sino que, además, «con ellas vamos a poder estudiar cómo se transita, queremos tener la zona controlada e incluso, en el futuro, elaborar una ordenanza ex profeso para el Casco Viejo». Antes, eso sí, «queremos trabajar con datos objetivos».

También hay que tener en cuenta que en los últimos tiempos estamos viviendo un proceso similar en otras ciudades. Por ejemplo, León acaba de sustituir sus bolardos por cámaras como las que está a punto de recibir Bilbao, y cuya instalación arrancará en primavera.

La partida para hacer los trabajos en el Casco Viejo se aprobó esta semana en la junta de gobierno municipal y el concurso acaba de salir a licitación. El presupuesto es de 1,079 millones de euros, donde se incluye tanto la instalación del equipamiento y su puesta en funcionamiento (con un plazo de ejecución de ocho meses) como la operativa y el mantenimiento durante dos años. En todo el asunto está implicada también el área de Obras y Servicios ya que es necesario meter cableado y suministro eléctrico. Además, según fuentes municipales, también habrá que mejorar la cobertura wifi en la zona, ya que los usuarios necesitarán valerse de una aplicación en su teléfono móvil, y hay que ponérselo fácil.

¿Y quienes serán esos usuarios? Sobre todo, los residentes, que podrán registrar «un número determinado de vehículos»; y también los vecinos que tengan problemas de movilidad, que tendrán aún más ventajas porque no se les aplicará ninguna limitación horaria para acceder a la zona. Luego están los hosteleros y comerciantes, que necesitan el servicio de carga y descarga. Y los hoteles, que podrán tramitar autorizaciones para sus huéspedes. Servicios a domicilio, taxis, ambulancias y otros servicios públicos también podrán gestionar su acceso al Casco Viejo.

La implantación del sistema se iniciará con los treinta puntos de control en la zona histórica, pero la vocación es que se siga extendiendo por otras calles peatonales de la ciudad. De hecho, el pliego de la licitación recoge que los trabajos que se desarrollen deberán tener «capacidad de integración y escalabilidad a fin de que el Ayuntamiento disponga de una solución integrada en las políticas de gestión de la movilidad con posibilidad de ampliación a otras áreas de interés». Es decir, la aplicación informática y el funcionamiento del sistema, así como el centro de control, deben servir para cuando se amplíe a calles como Ercilla o Ledesma. Además, debe tener flexibilidad para contemplar el acceso a lugares peatonales a otros perfiles de usuario que, quizás, sea necesario tener en cuenta más adelante.

Todo esto forma parte del plan de movilidad, cuyo fin es potenciar los medios de transporte sostenibles. Para ello, la medida más efectiva es ponerle las cosas cada vez más difíciles al vehículo privado.