Bruselas investigará las «importantes deficiencias» del vertedero de Zaldibar

La catástrofe de Zaldibar traspasa fronteras y aterriza de lleno en Bruselas. A punto de cumplirse cien días desde el derrumbe del vertedero, donde Alberto Sololuze y Joaquín Beltrán continúan sepultados, la Comisión Europea se ha comprometido a abrir una investigación para analizar las «graves deficiencias» que precipitaron la tragedia. A preguntas de los grupos parlamentarios de PP y Ciudadanos, el comisario de Medio Ambiente, Virginijus Sinkevičius, advierte de que las autoridades competentes −principalmente el Gobierno vasco− y los órganos jurisdiccionales «deberían haber detectado, vigilado y, en última instancia, sancionado» lo que allí estaba ocurriendo.

Mientras la búsqueda de los dos operarios desaparecidos continúa sin éxito hasta el momento, el Ejecutivo comunitario muestra su «preocupación» por el suceso del 6 de febrero. Recuerda que son las administraciones regionales y nacionales quienes deben verificar los presuntos incumplimientos legales por parte de Verter Recycling y «garantizar una reparación adecuada de los daños», pero anuncia que, «en vista de la gravedad del caso», la Comisión examinará al detalle el expediente y contactará con las autoridades para asegurarse de que se cumplan esas responsabilidades.

Son dos las directivas comunitarias que Bruselas estima que se han podido incumplir. En primer lugar, la de responsabilidad medioambiental. «Pueden haberse producido daños importantes al suelo y quizá a otros recursos naturales», expone antes de instar al operador del vertedero a reparar el perjuicio causado. Y, por otra parte, la normativa sobre el acceso público a la información. En este punto, recuerda que los Estados deben difundir «inmediatamente» todos los datos para que el público afectado pueda adoptar medidas de protección y limitar así los daños.

El anuncio de la apertura de la investigación ha cogido por sorpresa al Gobierno vasco. Fuentes del Departamento de Medio Ambiente lamentan que el equipo de Sinkevičius «no se haya informado directamente sobre el control administrativo realizado sobre el vertedero de Zaldibar antes de expresar conclusiones sin una base fundamentada». En este sentido, recuerdan que han abierto sendos expedientes a la empresa por incumplir la autorización ambiental y su responsabilidad. Además, indican, ya se ha contratado un informe pericial sobre las causas del siniestro y una auditoría externa de los permisos que se concedieron a la compañía.

En cualquier caso, el Departamento encabezado por el socialista Iñaki Arriola se muestra dispuesto a prestar su colaboración y a trasladar a la Comisión Europea la documentación que necesite «para conformar una opinión fundada sobre el asunto». En cambio, la oposición política cree que la transparencia en torno al derrumbe «ha brillado por su ausencia». El candidato a lehendakari de PP+Cs, Carlos Iturgaiz, asegura que el Ejecutivo autonómico, y más en concreto el PNV, «ha tratado de dificultar las investigaciones» y ahora el lehendakari, Iñigo Urkullu, recibe la «condena» por parte de las instituciones comunitarias.

En esa misma línea se han pronunciado los eurodiputados populares Dolors Monserrat y Javier Zarzalejos, proponentes de la iniciativa, quienes denuncian también la actitud de Lakua. «El silencio atronador del Gobierno vasco es un insulto y un abandono intolerable a las familias de las víctimas», aseguran en un comunicado conjunto. Por parte del grupo de Ciudadanos en la Eurocámara, Soraya Rodríguez lamenta que hayan pasado más de tres meses sin encontrar a los trabajadores desaparecidos y reclama que el Ejecutivo autonómico «tome las medidas necesarias para que esta irresponsabilidad no vuelva a suceder».