Bizkaia endurecerá a golpe de impuestos en 2026 la penalización por tener pisos vacíos

El texto se aprobó el pasado abril, pero los cambios se harán efectivos a partir del año que viene, después de que los ayuntamientos hayan actualizado las tasas e impuestos municipales. De momento, ya son seis los municipios que han decidido subirse a la ola y aplicar la máxima penalización por tener un piso vacío. Son Basauri, Sestao, Galdakao, Zaldibar, Elorrio y Lekeitio. En todos ellos, a partir del próximo año, los propietarios que mantengan un domicilio desocupado deberán pagar un recargo del IBI del 150%. Pero no son los únicos que han apostado por endurecer los 'castigos'. El pleno del Ayuntamiento de Bilbao dio luz verde en octubre a subir del 25 al 75% el recargo del IBI a los más de 9.100 pisos que hay deshabitados. La medida en este caso entrará en vigor en 2027. También Gorliz, uno de los municipios costeros con más segundas residencias de Bizkaia, ve con buenos ojos elevar la carga del 25 al 50% el próximo ejercicio.

¿Y qué pasa con el resto de municipios? Hay de todo.Desde los que de momento apuestan por mantener el recargo actual, como Barakaldo (40%), Leioa (50%), Durango (50%),Erandio (50%), Plentzia (50%), Balmaseda (50%) o Bakio (50%), hasta los que aún no cuentan con una penalización. En este último escalón está Getxo. El tercer municipio más grande de Bizkaia carece de mecanismos tributarios para que los dueños con pisos vacíos –el INE los cifra en 1.658– paguen más.

Fuentes del Ayuntamiento getxotarra defienden que «lo que está demostrado es que el porcentaje permitido por el Gobierno foral hasta ahora no afectaba a que hubiera más pisos en el mercado», aunque añaden que si bien «de momento no está contemplado el recargo», sí que «habrá que analizar si merece la pena aplicarlo o no» con los cambios aprobados por la Diputación. Tampoco existen recargos en otras grandes ciudades como Santurtzi o Portugalete. En el caso de Gernika, el Ayuntamiento ha eludido hacer declaraciones.

Pese a que los vascos sitúan la vivienda como su principal preocupación, el Instituto Nacional de Estadística calcula que, con datos de 2024, en Bizkaia hay 34.017 pisos que no están habitados en ningún momento del año.El organismo público extrae el dato a partir del consumo eléctrico, mientras que hay ayuntamientos que tienen en cuenta otras variables como el empadronamiento. De ahí que las cifras puedan bailar de un registro a otro. Según el INE, Zeberio, Zeanuri, Muxika, Gordexola y Carranza son los pueblos en los que las viviendas vacías representan más del 14% del parque residencial, algo que podría estar vinculado a la despoblación rural o a herencias que no han sido repartidas. En las grandes ciudades el peso es sin embargo menor.

Lo que demuestran los datos es que la aplicación del recargo por parte de los ayuntamientos «es transversal» –se ha aprobado en municipios liderados por distintos partidos políticos–, pero también que no existe un consenso sobre cuál es el porcentaje que debería aplicarse para que conseguir que los propietarios realmente saquen sus viviendas al mercado. Los recargos van del 40 al 150%, independientemente del color de la corporación municipal. Pongamos un ejemplo. Galdakao, donde gobierna EH Bildu con Auzoak y Usansolo Herria, aprobó la máxima penalización permitida al igual que lo ha hecho Basauri, con PNV y PSE a la cabeza. Las disconformidades se hacen notar incluso dentro de las mismas formaciones. Si bien en Basauri los jeltzales dieron el plácet a la medida, en Galdakao aseguraron que la subida tenía «casi un ánimo confiscatorio».

El efecto que tendrá el recargo sobre el mercado inmobiliario aún está por determinar. El experto y actual director gerente de la sociedad pública de vivienda de Navarra, Javier Burón, sostiene que «en la penalización no está el secreto, sino en la combinación del recargo con otros incentivos como el programa Bizigune», un plan del Gobierno vasco para captar viviendas vacías a cambio de una renta mensual asegurada y que habría que «publicitar más». De hecho, desde el departamento de Vivienda afirman que la apuesta actual es incentivar la salida de pisos vacíos mediante planes de mediación e «incentivos fiscales» y solo cuando «estas vías se agotan, defendemos medidas más gravosas, entendiendo que deben ser siempre la última opción».

Burón sostiene que en las zonas tensionadas, como son las tres capitales vascas, no «hay un problema masivo de pisos vacíos, ya que hay mucha demanda y las rentabilidades son altas». Pero entonces, ¿por qué Bilbao tiene el 5% de su parque sin ocupar? «Los motivos pueden ser varios, desde herencias sin dividir, hasta pisos que necesitan una rehabilitación, situados en zonas muy malas...», lanza Burón, quien defiende la aplicación del recargo en la capital, ya que «mantener un piso desocupado en una zona tensionada es un lujo antisocial».

Desde el Ayuntamiento de Bilbao también muestran sus dudas a que el recargo del 75% del IBI ayude por sí solo a ampliar la oferta. La concejala del área, Yolanda Díez, defiende la medida, pero admite que «no sé si los pisos se llegarán a movilizar». «Estamos haciendo un estudio que nos ofrezca la fotografía real de cuántos pisos podrían activarse ya. Pero si tienes patrimonio y posibilidades económicas, y no tienes interés real en sacar al mercado, el recargo no va a hacer que lo haga», desgrana la edil. ¿La medida es entonces recaudatoria? «No, pero sí una llamada de atención. Estamos ante una crisis de la vivienda que se agrava al tener pisos sin uso».

Quien sí afirma con contundencia que «por poner un recargo no se va a animar a la gente a sacar el piso en alquiler» es el presidente del Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria. José Manuel González opina que para «aumentar la oferta residencial hace falta dar una mayor seguridad jurídica a los propietarios». El experto recuerda «la picaresca» de poder «empadronar a otros familiares en los pisos vacíos para evitar en algunos municipios el recargo» y critica que la ley nacional de vivienda «dé muchos derechos a los inquilinos y pocos a los titulares de pisos». «El fin último del gravamen debería ser movilizar los pisos, pero si un propietario tiene miedo a alquilar, por mucho que tenga que pagar no lo va a hacer», puntualiza González.

La solución para destensar el mercado y elevar la oferta es «que la administración dé garantías a los propietarios de que si un inquilino se declara vulnerable y se producen impagos, lo va a cubrir». Es decir, González mantiene que se «debe crear un sistema a través del cual los propietarios no acaben siendo los perjudicados por poner un piso en arrendamiento». «Los casos son puntuales y concretos, pero o se legisla de otra manera o se tienen que dar garantías», concluye el experto.