Bilbao ya puede limitar las subidas de precio de los alquileres en toda la ciudad

La declaración de zona tensionada afecta sobre todo a propietarios que tengan firmado un alquiler después de mayo de 2023, cuando entró en vigor la ley nacional de vivienda. A partir de este momento, los titulares de los pisos no podrán subir los arrendamientos cuanto quieran, sino que deberán atender a una serie de indicadores oficiales.

Los pequeños propietarios (aquellos que tienen menos de cinco pisos en su poder) deberán revisar el índice de precios que publica cada mes el INE para saber cuánto pueden aumentar el valor su inmueble. Por ejemplo, los que tengan que actualizar su contrato de alquiler ahora, solo podrán incrementar el precio del mismo un 2,2%. En el caso de rentas antiguas, las subidas se guiarán por el IPC hasta que llegue la fecha de renovación.

¿Y qué pasa con los grandes tenedores, aquellos que tienen más de cinco inmuebles en su poder? ¿Y con los propietarios que saquen al mercado sus inmuebles después de cinco años? De momento, el índice que controlará las subidas de estos pisos sigue sin estar publicado en Bizkaia, lo que quiere decir que la declaración no tendrá ningún efecto sobre ellos. Al menos por ahora. El impacto que tienen estas viviendas sobre el total es, sin embargo, menor. Según datos del Ayuntamiento, Bilbao cuenta con 730 grandes tenedores, entre empresas y particulares, que gestionan un total de 2.915 viviendas en arrendamiento. Representan el 1,75% del parque residencial de la capital vizcaína. Cuándo estará disponible dicho índice se desconoce, ya que la Diputación aún se encuentra trabajando en los datos necesarios para su elaboración, pero todo apunta a que será el próximo año.

Una de las piedras angulares de la Ley de Vivienda de 2023 es «proteger a los inquilinos». De ahí que la declaración de zona tensionada también implique la posibilidad de que los arrendatarios soliciten una prórroga extraordinaria de hasta tres años a su propietario para mantener las condiciones del contrato como las tienen hasta la fecha.

La declaración de zonas tensionadas implica que los inquilinos tengan un acceso prioritario a las ayudas para el alquiler y a mecanismos de protección frente a los desahucios.

Las medidas de contención estarán vigentes durante los próximos tres años a partir de mañana, un día después de la resolución en el BOE.

Todas estas herramientas servirán, según defienden desde el Gobierno vasco, para «reforzar la protección de los inquilinos» mientras se recrece la oferta. En este sentido, el Consistorio pondrá en marcha un plan de acción con 14 estrategias y 40 acciones. Durante los próximos tres años se prevén construir y entregar las llaves de 1.090 pisos repartidos por la ciudad. La mayoría, 890, serán promovidos por el Gobierno vasco en Bolueta, Zorrozaurre, Cortes, Olabeaga y Mina del Morro, y se destinarán tanto a la compra como al arrendamiento asequible. Por su parte, el Ayuntamiento promoverá la creación de 200 alojamientos dotacionales pensados para alquileres con contratos de hasta cinco años con precios más reducidos. Estos últimos se ubicarán en Amezola, Gaztelondo y Arabella.

Asimismo, el Consistorio contempla hacer un mapeo de las parcelas y los suelos para conocer el estado de cada uno de ellos; incentivará la segregación de grandes pisos, establecerá medidas fiscales para estimular la VPO y la rehabilitación de inmuebles e impulsará la movilización de las más de 8.000 viviendas que ahora se encuentran vacías en la ciudad.