Bilbao empieza a multar a los conductores que se cuelan en el Casco Viejo tras 26 meses de 'amnistía'

Hasta ahora. En una pregunta presentada por el grupo municipal del PP, la propia Abete anuncia que esta 'moratoria' ha llegado a su fin. En concreto, lo hizo el pasado mes de noviembre. Desde entonces, las 30 cámaras lectoras de matrícula instaladas en los accesos al Casco Viejo funcionan con normalidad y ya han cazado a un total de 723 infractores: 312 en noviembre, 107 en diciembre y 304 en enero.

Fuentes del área de Movilidad confirmaron ayer a EL CORREO este extremo. «Es cierto que hasta noviembre no se han tramitado las propuestas de sanción. Nuestra apuesta ha sido concienciar a los conductores, no que aprendieran a base de palos», explica fuentes del departamento. A su entender, con el paso del tiempo comprobaron que sin necesidad de sancionar se estaba reduciendo el nivel del tráfico y mejoraba la convivencia entre los peatones y los vehículos de vecinos y comerciantes, que «era el objetivo» principal de la normativa. «Pero ahora ya ha pasado el tiempo suficiente para que todo el mundo tenga claro cómo debe funcionar y se acostumbre a ello», apuntan para justificar el cambio de criterio.

De esta manera, tras 26 meses de moratoria, las multas han comenzado a llegar a los buzones de los infractores. Según la documentación enviada por los responsables municipales al PP, desde que el sistema está en funcionamiento las cámaras han realizado 2.018.037 lecturas de entrada de vehículos, que han derivado en esas 723 multas.

Respecto a los infractores, pueden ser vecinos, comerciantes o transportistas que no hayan dado de alta sus vehículos en el sistema de control o que hayan accedido a las Siete Calles fuera del horario permitido. Y también conductores o turistas sin permiso. Según los datos facilitados por Movilidad, 1.469 residentes y 336 comerciantes tienen registrada alguna matrícula a su nombre. De ellos, 167 y 122, respectivamente, han sido sancionados con al menos una multa desde noviembre por superar el número de accesos permitidos.

Aunque no ha habido una comunicación oficial por parte del Ayuntamiento, los comerciantes de la zona eran conscientes desde hace unas semanas de que algo había cambiado. «Algunos compañeros nos habían comentado que les habían empezado a llegar multas. No son muchos, la verdad, pero ya hay alguno», desvela Luis Arbiol, presidente de la Asociación de Comerciantes del Casco Viejo. «Sé que algunos han recurrido y han ganado porque ha habido problemas». Y pone como ejemplo los cerrajeros que deben acudir en un servicio de urgencia sin opción de dar de alta su matrícula en el sistema o recibir una 'invitación' del vecino correspondiente.

Como ya ocurriera durante el plazo de enmiendas en 2022 antes de la aprobación de la normativa, los comerciantes creen necesario tener en cuenta «excepciones» para momentos puntuales del año o para determinados servicios de reparto de mercancías que no afectarían «en ningún caso» a la vida diaria del barrio. «¿No será mejor que un furgón grande entre un solo día a la semana que que una furgoneta más pequeña tenga que venir cada semana?», se pregunta Arbiol.

«Ya avisamos en su día que esta ordenanza no tenía justificación. Y pasado el tiempo hemos comprobado que es un desastre. Más de 700 propuestas de sanción en tres meses no tiene ningún sentido», analiza la portavoz popular en el Ayuntamiento, Esther Martínez. «Creemos que es necesario derogarla y sentarnos y debatir entre todos para acordar lo mejor para la ciudad», remata.

Si los comerciantes ya habían notado la activación del sistema de multas, en la asociación de vecinos no eran conscientes de ello. «Primera noticia», reconoce Alberto Gómez, de la asociación vecinal del barrio, Bihotzean. «Creemos que deberían haberlo anunciado», reclama, al tiempo que asegura que en los dos años que lleva en vigor la ordenanza «no se ha notado mucho cambio» en el día a día de las Siete Calles en materia de tráfico.

Desde el área de Movilidad, en cambio, defienden la implantación de la normativa y los buenos resultados que ha traído consigo «sin necesidad de tener que multar» a lo largo de los dos años largos desde que se colocaron las cámaras. Aseguran que el balance es «muy positivo» y que en este tiempo ha logrado un «equilibrio» entre los intereses de todos los actores involucrados. «En el eje de Askao, por ejemplo, se ha reducido más de un 20% el tráfico», sentencian.