Bilbao, Barakaldo y Getxo estarán obligados a expulsar coches del centro como Madrid
La futura ley de Cambio Climático forzará a todas las localidades españolas con más de 50.000 habitantes a delimitar zonas de bajas emisiones
Ni impulsar, ni promover, ni fomentar. La lucha contra el calentamiento global ya ha agotado todos los recursos léxicos habidos y por haber. La emergencia ... climática decretada ayer por el Gobierno central obliga a obligar, valga la redundancia. Y en las instituciones públicas eso se hace a través de normas de cumplimiento forzoso para todos. Por eso el proyecto de ley de Cambio Climático que el Ejecutivo de Pedro Sánchez remitirá al Congreso «en los próximos cien días» exige directamente restringir el tráfico en el centro de todos los municipios españoles con más de 50.000 habitantes. Así, un total de 148 ciudades del país deberán emular el ejemplo del controvertido Madrid Central; entre ellas, las tres vizcaínas que superan esa barrera de población: Bilbao, Barakaldo y Getxo.
El órdago ya lo dejó caer Sánchez el pasado mes de julio, cuando fracasó en su primer intento para ser reelegido presidente. Ahora, con el Gobierno de coalición PSOE-Podemos ya formado y tras haber elevado el acuciante reto climático a la vicepresidencia cuarta, la apuesta también ha subido de categoría. La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, informó ayer de que el texto legislativo, cuya redacción se había iniciado antes de la doble cita electoral, recoge una modificación específica para que las zonas de bajas emisiones sean obligatorias y no meramente recomendables para localidades medianas y grandes. El proyecto de norma, eso sí, deberá obtener el beneplácito de la mayoría de la Cámara baja, un proceso de negociación susceptible de incorporar retoques al documento final.
Los planes de La Moncloa buscan esencialmente reducir la contaminación del aire en las ciudades, causa del fallecimiento de más de 10.000 personas cada año en España, según los datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Con este diagnóstico, la receta que plantea el Ejecutivo de PSOE y Unidas Podemos pasa por extender el modelo de Madrid, que desde su puesta en marcha en noviembre de 2018 ha sido motivo de una permanente riña política. En concreto, se trata de un área de 472 hectáreas de extensión que delimita la circulación de vehículos en función de los gases que emita, algo que se distingue a través de etiquetas pegadas en el cristal. También Barcelona ha adoptado este mismo año una medida similar, aunque en su caso la restricción traspasa los límites de la Ciudad Condal y se extiende a parte de su entorno metropolitano.
Se plantea limitar el acceso de vehículos en las capitales y alejar el tráfico de los centros escolares
Gobierno vasco
Más de 10.000 personas fallecen al año en España a causa de la contaminación del aire en las ciudades
Organización Mundial de la Salud
A por un modelo sostenible
Habrá que esperar a tener la norma definitiva sobre la mesa para conocer los parámetros homogéneos con los que aplicar estas zonas de bajas emisiones, pero las tres localidades vizcaínas afectadas deben ir preparándose para lo que les viene, que no es poco. En realidad, están ya prevenidas porque el Gobierno vasco dio la voz de alarma al constatar que las emisiones de CO2 en Euskadi se han disparado por encima de las medias española y europea. El Departamento de Medio Ambiente, de hecho, lleva tiempo estudiando medidas que irremediablemente supondrán limitaciones para el acceso de vehículos a las ciudades en los próximos años. La ley nacional obligará a crear zonas de bajas emisiones también en Vitoria, San Sebastián e Irún, pero el Ejecutivo autonómico prevé adoptar decisiones complementarias como alejar el tráfico y, en consecuencia, los malos humos de los centros escolares de toda la comunidad.
En cualquier caso, Bizkaia guarda ciertas particularidades que anticipan una transición algo menos agresiva a ese deseado escenario de la movilidad sostenible. No en vano, según las estadísticas de la Dirección General de Tráfico (DGT), actualmente es la provincia española con menos vehículos por habitante: hay 596 por cada mil personas frente a la media nacional, situada en 708. Los expertos apuntan al importante desarrollo del transporte público -nueve de cada diez vizcaínos tiene una parada a menos de 300 metros de su casa-, la reducida extensión del territorio -con 2.200 kilómetros cuadrados, solo Gipuzkoa es más pequeño- y la concentración de la mayor parte de la población en torno a Bilbao como factores determinantes en ese dato. Además, servicios públicos como Bizkaibus, Bilbobus o los taxis están incorporando unidades híbridas o totalmente eléctricas para tratar de reducir al mínimo el uso de combustibles fósiles.
La energía limpia de Zorrozaurre y más anillo verde
Lo de reducir el impacto de los combustibles fósiles es un objetivo que el principal proyecto de futuro de Bilbao, Zorrozaurre, lleva en su ADN. La isla pretende ser un ejemplo de movilidad sostenible en donde el vehículo privado vea difícil entrar. La circulación del tranvía y de autobuses híbridos o eléctricos reducirá al mínimo la huella de carbono, a lo que se sumará un modelo para autoabastecerse de energía limpia.
La otra gran receta de la capital vizcaína para respirar aire de calidad pasa por sumar superficie verde. Con esa misión, el Ayuntamiento va a destinar cerca de 11 millones de euros para que 288 hectáreas que ahora están en manos privadas pasen a ser públicas en el anillo verde. Además, el nuevo plan de ordenación veta la construcción en otras 36 hectáreas.
En su contexto
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30 medidas adoptará el Gobierno de Pedro Sánchez para acelerar la lucha el contra cambio climático. El eje será la futura ley de Cambio Climático que permita lograr la descarbonización en 2050.
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Políticas transversales. La declaración contiene acciones distintas, todas «transversales», que comprenden la modernización de la economía, la generación de empleo y competitividad y la reducción de brechas entre territorios y colectivos. Uno de los aspectos concretos comprende «una fiscalidad verde», que reconozca la protección del medio ambiente. También se emitirán bonos de «deuda verde», se impulsarán políticas inclusivas y planes de sostenibilidad, salud, medio ambiente, investigación y desarrollo con una estrategia para preservar la costa.
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100 días. Es el tiempo previsto por el Ejecutivo para acometer cinco acciones concretas: una nueva ley medioambiental, un plan nacional de adaptación, definir la senda de descarbonización de cara a 2050, reforzar la participación con la creación de una asamblea ciudadana para aportar ideas, e integrar la perspectiva de clima en el conjunto de los sectores productivos.
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800 administraciones han dado ya luz verde al estado de emergencia, la última España, cumpliendo con unas intenciones anunciadas en septiembre.
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