La Audiencia enmienda la plana al juez y absuelve al abogado Gómez Menchaca

Carlos Gómez Menchaca./
Carlos Gómez Menchaca.

Considera que no ha cometido el delito de obstrucción a la justicia por el que fue condenado en primera instancia a tres años y medio

Luis López
LUIS LÓPEZ

La Audiencia Provincial de Bizkaia ha enmendado la plana al Juzgado de lo Penal número 4 de Bilbao y ha revocado la sentencia que había condenado al abogado Carlos Gómez Menchaca y a uno de sus clientes, Mikel Obieta, por un «delito continuado de obstrucción a la administración de justicia». La pena que se les había impuesto eran tres años y medio de prisión para cada uno y una multa de veinte meses, con una cuota diaria de quince euros. Sin embargo, nada de eso se llevará a efecto ya que la Audiencia considera que no ha habido delito y la resolución ya no es recurrible.

La historia se remonta al año 2010, cuando un empresario de iniciales L.A.U. denunció por estafa a Mikel Obieta, siendo este último condenado en 2013. Entre medias, Obieta y su abogado, el conocido Carlos Gómez Menchaca -especializado en negligencias médicas-, habrían diseñado una estrategia de desgaste contra L.A.U. En primera instancia el juez consideró que esa actitud encajaba dentro del delito de obstrucción a la justicia, ya que entendió que su finalidad última era forzar a L.A.U. a renunciar a su denuncia contra Obieta. Sin embargo, la Audiencia Provincial considera que no existía ese ánimo, sino que «sencillamente se evidencia» que lo que buscaba este último, con la ayuda de su abogado, era «vengarse» de quien le había denunciado.

Lo que ocurrió fue que en 2010, cuatro meses después de que L.A.U. denunciase a Obieta por estafa, Menchaca interpuso a su vez una denuncia contra L.A.U. por un delito contra el medio ambiente en relación con su actividad en una chatarrería de Erandio. La causa fue sobreseída. Luego, el letrado y Obieta, en «connivencia», idearon una asociación ecologista, Bizkaia Bat Bat, que volvió a iniciar un proceso contra el chatarrero, y volvió a ser archivado.

Luego hubo correos electrónicos en los que se divulgaba a terceros (políticos y clientes de L.A.U.) sus supuestas actividades ilícitas, con lo que vio «seriamente comprometida su actividad empresarial».

«Una especie de acoso»

Lo que el juez en primera instancia consideró, y la Audiencia Provincial descarta, es que todas estas maniobras tuviesen como objetivo forzar a L.A.U. a retirar la denuncia que había interpuesto contra Obieta. Los magistrados lo dicen así: «Lo que se discute es que se haya acreditado, más allá de toda duda razonable, que el propósito que guiaba a los acusados en sus actuaciones fuera el imprescindible para la aplicación del tipo (obstrucción a la justicia): que L.A.U. retirara su denuncia o declarar en un sentido específico o concreto».

En este sentido, la Audiencia dice no tener duda de que «se da una especie de acoso» a partir de actuaciones que vistas por separado «no aparecen como ilícitos o pudieran tener una menor entidad», pero que «analizados en su conjunto crean un clima molesto para el destinatario». Sin embargo, «no consideramos acreditado» que esas conductas fuesen más que una «venganza».

¿Por qué no creen los magistrados que la finalidad fuese que L.A.U. renunciase a su proceso contra Obieta? Entre otras cosas, porque siendo la estafa un delito público, una vez incoado el proceso «poca relevancia tendrá la retractación». Además, ya constaban las pruebas documentales, determinantes para probar el delito. Es decir, que no tenía mucho sentido montar toda esa operación para forzar al chatarrero a retirarse, cuando aún en el caso de tener éxito, el proceso seguiría su curso.

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