17 asociaciones ecologistas cargan contra la Ley de medidas urgentes por «allanar el camino» a promociones con impacto ambiental y sobre terrenos contaminados
Critican que reducirá los controles ambientales ya consolidados sobre los proyectos, lo que supone «un retroceso» para el medio ambiente
17 asociaciones ecologistas han suscrito un documento para denunciar que la proposición de Ley de Medidas Urgentes en materia de vivienda, suelo y urbanismo iniciada por el PNV y el PSE en el Parlamento, que pretende agilizar la construcción de viviendas, provocará nuevas aberraciones urbanísticas y ambientales ya que reduce los controles a los que deben someterse los proyectos y permitirá construir promociones sobre suelos potencialmente contaminados sin las garantías actuales y consolidadas en la legislación autonómica y estatal. La consideran un «un retraso normativo» en el ámbito de la protección del medio ambiente, el patrimonio natural y la salud. Los firmantes del documento son Haritzalde, Eguzki, Ekologistak Martxan, Landarlan, Itsas Enara, Parkea Bizirik, Mutriku Natur Taldea, Zain Dezagun Urdaibai, Bizirik-Betiko, Sagarrak, Elorrioko Auzokide Elkartuen koordinakundea, Betsaide Elkartea, Elorrixa Ekologi taldea, Guggenheim Urdaibai Stop, Artiako Lagunak, Herri Bideak Kate Barik y la Sociedad Ornitológica Lanius.
La iniciativa legislativa introduce reformas en la Ley 10/2021, de 9 de diciembre, de Administración Ambiental de Euskadi, y la Ley 4/2015, de 25 de junio, para la prevención y corrección de la contaminación del suelo. Y las entidades creen pretenden desarticular todo el ordenamiento proteccionista surgido tras los desmanes urbanísticos del pasado. Opinan las organizaciones que la ley allana el camino a proyectos de fuerte impacto ambiental, como promociones, parques eólicos o infraestructuras, que podrán evitar el filtro de una evaluación independiente de sus efectos y que facilitará la tramitación de operaciones de gran impacto. También creen que abrirá la puerta a la construcción en terrenos contaminados y a rebajar controles sobre los mismos, lo que consideran un importante «retroceso histórico».
Por ejemplo, la proposición de ley prevé permitir que los ayuntamientos de más de 7.000 habitantes que promueven un plan urbanístico, una recalificación o la instalación de una infraestructura energética sean los propios responsables de validar sus propios impactos ambientales. Y adelanta la aprobación inicial de planes urbanísticos sin que todavía tengan el preceptivo pronunciamiento ambiental. Algo que atenta contra la legislación básica estatal, de rango superior. «Todo plan, programa o proyecto con efectos significativos sobre el medio ambiente debe ser objeto de una evaluación ambiental previa. Su ausencia conlleva la invalidez jurídica de los actos de aprobación», alegan.
Los ecologistas también cargan contra la modificación que permitiría someter a evaluación ambiental simplificada las modificaciones puntuales del PGOU, por ejemplo, pese a que el marco normativo estatal y autonómico restringe su uso a casos muy específicos. «Se facilitaría la tramitación de operaciones urbanísticas de gran impacto sin la fiscalización independiente y profunda que requiere la evaluación ordinaria», anticipan.
Sin control público
Además, otra modificación permitirá que se aprueben proyectos de urbanización y licencias de obras sin que previamente exista una declaración de calidad del suelo en terrenos potencialmente contaminados, lo que privará a los ayuntamientos «de la capacidad de rechazar o adaptar los proyectos a las exigencias de recuperación que garanticen la seguridad de las personas que residirán en esas viviendas». La reforma eliminaría también la necesidad de planes de recuperación o de excavación selectiva, sustituyéndolos por «una declaración responsable, lo que equivale a dejar en manos de los propios promotores la verificación de actuaciones tan sensibles como la descontaminación de suelos», alertan los conservacionistas. Las consecuencias, aseguran, serían «demoledoras», ya que «habría posibilidad de construir viviendas protegidas en terrenos contaminados sin garantías reales de descontaminación y la eliminación del control público sobre procesos de remediación ambiental».
