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Miércoles, 3 de abril 2019, 11:40
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Las quejas ciudadanas desbordaron el pasado año la labor del Ararteko. De hecho, las reclamaciones por diversos motivos crecieron en 2018 un 70% respecto a una década atrás, cuando comenzaron a hacerse visibles los efectos más graves de la crisis. La mayor parte de las 9.205 peticiones y consultas tuvieron que ver con prestaciones sociales de contenido económico, según ha desvelado este miércoles el Defensor del Pueblo Vasco en Vitoria, donde ha dado a conocer el balance de su actividad anual. Los derechos sociales en materia de educación, sanidad o régimen jurídico centraron más del 55% de las quejas.
La labor de la oficina que preside Manu Lezeartua continuó su progresión el pasado año, cuando alcanzó las 14.549 actuaciones, un 8% más que doce meses atrás. Las áreas que registraron la mayor actividad fueron las relacionadas con los dispositivos de lucha contra la exclusión social. En este sentido, la oficina de la Infancia y la Adolescencia del propio Ararteko constataron que las familias con hijos a su cargo se vieron expuestas a un riesgo creciente de pobreza.
Las reuniones con organizaciones sociales y con responsables de administraciones públicas y la organización y participación en seminarios centraron buena parte de la labor del Defensor del Pueblo Vasco, que también desarrolló acciones relacionadas con el impulso de los derechos humanos en el ámbito europeo o internacional. Así, las grandes dificultades a las que se enfrentan determinados colectivos (personas refugiadas, inmigrantes y miembros de determinadas etnias) para acceder a una vivienda en el sector privado llevaron al Ararteko a dirigirse al Gobierno vasco para trasladar su preocupación por dicha situación y reclamar medidas de protección jurídica.
La apertura de actuaciones de oficio fue muy relevante el pasado año, lo que se tradujo en 61 expedientes, varios de ellos con un importante impacto social. Destaca especialmente el número de actuaciones dirigidas a 21 ayuntamientos de la comunidad autónoma, a los que se solicitó información sobre la denegación de las ayudas de emergencia social (AES). Las dificultares de personas de algunas nacionalidades, como las procedentes de Nigeria o de Pakistán, para legalizar su documentación u obtener certificados de bienes en su país, también provocaron el inicio de sendos expedientes de oficio dirigidos al Departamento de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno vasco y al Defensor del Pueblo.
La memoria del Ararteko arroja otros números, como los 11.542 servicios prestados en las oficinas de atención directa, los 1.658 expedientes resueltos o las 1,133 resoluciones dictadas. Las más de 150 reunioes celebradas con organizaciones sociales y administraciones y las 10 visitas de inspección giradas.
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