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Bilbao es el escenario de más de 600 manifestaciones ciudadanas al año. La mayoría de estas protestas se desarrollan por la Gran Vía y, en ... concreto, frente a dos edificios especialmente significativos: las sedes del Gobierno vasco (número 85 de esta calle) y de la Diputación (ubicada en el 25). Es habitual que las marchas discurran de un inmueble a otro. Los residentes en los portales 22, 24 y 27 llevan años denunciando el exceso de ruido que padecen por el uso de amplificadores, megáfonos y sirenas en el entorno del Palacio foral. Estos vecinos llevaron el año pasado su queja al Ararteko.
El Defensor del Pueblo Vasco les da ahora amparo, a través de un dictamen en el que pide al Ayuntamiento que refuerce su control y trate de preservar el derecho de los vecinos al descanso frente a las manifestaciones y también frente a otra amenaza para su tranquilidad: las actuaciones musicales callejeras «reiteradas, fuera de horario y sin supervisión».
Las citadas comunidades de vecinos interpusieron su queja primero ante el Ayuntamiento, en julio de 2023. Aseguran que «no recibimos respuesta». Por ese motivo, en 2024, trasladaron su malestar al Ararteko. Aseguraban los afectados que soportan «niveles de ruido superiores a los máximos permitidos», en gran medida por «el uso de silbatos, bocinas y megafonía», en el caso de las manifestaciones frente a la sede de la Diputación, y de instrumentos musicales y amplificadores por parte de los músicos callejeros.
El Ayuntamiento respondió al Ararteko que su personal ya controla las actuaciones de artistas en la vía pública. Añadía que existe un horario (de 10.00 a 15.00 horas y de 17.00 a 22.00), con un máximo de permanencia de 45 minutos en un mismo punto. Respecto a las manifestaciones, el Consistorio insistía en que se trata de un derecho constitucional y que las molestias que puedan derivar de su celebración tienen que ver con «algaradas o desórdenes públicos». En tal caso, su regulación y control quedaría, según el criterio inicial del Ayuntamiento, fuera de la Ordenanza de Medio Ambiente. En este sentido se añadía que la competencia le corresponde al Gobierno vasco.
El Ararteko discrepa de este planteamiento. Recuerda una sentencia del Tribunal Constitucional y otra del Superior del País Vasco en las que se defendía la potestad de los poderes públicos para limitar el uso de amplificadores, en cuanto pudieran superar los límites de ruido legales. «Se trataría de una restricción proporcional», dice el Defensor del Pueblo Vasco.
Respecto a la competencia, el Ararteko cree que el Ayuntamiento puede hacer más en estos casos, ya que cuando se convoca una protesta «no urgente», se abre un trámite para que los poderes locales puedan conocer, por parte del Gobierno vasco, los pormenores de la manifestación. Es aquí cuando el Consistorio, apunta el Defensor del Pueblo, podría hacer valer la necesidad de imponer limitaciones a la potencia de la megafonía. «El Ayuntamiento debería valorar la opción de ejercer las competencias que le atribuye la Ley Orgánica 9/1983», concluye.
La semana pasada, conocido ya el dictamen, el Consistorio remitió un escrito al Ararteko en el que se ofrece a controlar el ruido en las manifestaciones, siempre y cuando se le traslade previamente desde el Gobierno vasco que habrá megafonía, ya que si el convocante del acto no detalla en su petición el uso de este elemento «no podemos intervenir en ningún caso».
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