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La anulación de unas escuchas por parte de la Audiencia vizcaína, ratificada por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), deja en el aire la acusación contra el ertzaina detenido con 55 kilos de cocaína y su cómplice, según indican fuentes cercanas al ... caso. La última sentencia ha sido recurrida en casación ante el Tribunal Supremo, que podría tardar incluso años en pronunciarse. Los dos juicios señalados hasta ahora contra el agente de la Policía autonómica y su colaborador -el pasado noviembre de 2023 y el 1 de julio de 2024- quedaron suspendidos, el último de ellos a petición de la propia Fiscalía Antidroga, a la espera de la resolución del alto tribunal. Los dos acusados, en prisión provisional, quedaron de inmediato en libertad y el tiempo corre a su favor, ya que en caso de que finalmente fueran condenados se les podría aplicar otro atenuante por dilaciones indebidas.
La fiscal pide para el agente y su compinche nueve años de prisión por un delito de tráfico de drogas de las que causan grave daño a la salud y en cantidad de notoria importancia, Además, al funcionario se le acusaba de revelación de secreto y se le imponía el agravante de agente de la autoridad, aunque quedaba compensado por la atenuante de drogadicción y ludopatía. De 49 años entonces, fue detenido en su domicilio de Galdakao el 29 de septiembre de 2022. En el registro se localizaron 55 kilos de cocaína.
La operación se inició a raíz de unas intervenciones de la Guardia Civil contra uno de sus agentes, destinado en el aeropuerto de Loiu y condenado por narcotráfico. Los guardias colocaron un micrófono en un banco público en una zona rural, en Bekea (Bizkaia), con orden judicial.
En las conversaciones grabadas se mencionaba a dos ertzainas por «conducta inadecuada», que habían consultado matrículas para aquella red. Asuntos Internos, la DIG, advertida por la Fiscalía, abrió entonces una investigación. En paralelo, el grupo de drogas de la comisaría de Bilbao ya estaba detrás del sospechoso como supuesto 'correo' de una red de tráfico de drogas. Ambos seguimientos terminaron uniéndose y el agente presuntamente corrupto fue descubierto.
Sin embargo, esas escuchas quedaron invalidadas por la Audiencia a instancias de las defensas porque el juez de instrucción concedió un tiempo «desproporcionado» de tres meses, prorrogado en dos ocasiones más, pese a que los encuentros de los 'narcos' deberían haber sido «puntuales y previsibles», y a que los agentes que controlaban el micrófono no estaban identificados ni realizaron un informe completo de control de esta medida limitadora del derecho a la intimidad, según la sentencia avalada por la sala de lo Penal del TSJPV.
La fiscal alegó al comienzo de la vista oral de noviembre que el «acervo probatorio» era amplio y no se limitaba a los datos obtenidos por el micro oculto mientras que para las defensas, al quedar anuladas las intervenciones, toda la investigación estaba «viciada». El juez acordó por prudencia procesal posponer también el siguiente juicio «para evitar indefensión» hasta conocer el criterio del Supremo.
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