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«Unos nos estafan, otros nos expulsan. El camping nos miente, el Ayuntamiento lo consiente. Juntos luchamos, juntos vencemos, pero de aquí no nos movemos». ... Estas son algunas de las frases que se han visto en las pancartas y han sido coreadas por las decenas de personas que se han manifestado este domingo contra el desalojo de varios campistas en Ajo (Cantabria). El centenar de familias afectadas, en su mayoría vizcaínas, prepara una querella contra el propietario de la instalación, a quien acusan de haberles estafado. Según aseguran los damnificados, en ningún momento fueron informados de que los módulos que les vendió el propio camping, así como las parcelas en las que se encuentran y por las que pagan una cuota anual, se encuentran en un terreno protegido por el Plan de Ordenación del Litoral (POL) y que por tanto son ilegales.
Mientras se resuelve este proceso judicial, los campistas aseguran que «nuestra intención es quedarnos» en el que ha sido su lugar de vacaciones desde hace años «mientras no nos digan lo contrario», ha indicado Josu Arteagoitia, presidente de la asociación que agrupa a los afectados. Muchos de ellos tienen previsto pasar en sus módulos tanto la Semana Santa, como el verano. Tiene firmado con el propietario del negocio un contrato anual por alquiler de la parcela que no vence hasta el 30 de septiembre y por el que ya están pagando.
El camping Arenas de Ajo abrió sus puertas en 1993. Años después se procedió a realizar la ampliación donde se encuentran los bungalows afectados. Al parecer el propietario de la instalación solicitó los permisos para realizar este aumento del complejo vacacional, pero procedió a incrementar su superficie sin esperar a tener las licencias correspondientes. Autorizaciones que nunca llegar a emitirse, según los afectados.
Los campistas afirman que no fue hasta hace unas semanas cuando tuvieron conocimiento de la irregularidad en la que se encontraban sus propiedades. El Ayuntamiento de Bareyo les cortó el agua y la luz al pasado 13 de enero. Cuando varios afectados acudieron a informarse, el Consistorio les notificó la existencia una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) emitida el pasado octubre considera sus propiedades «clandestinas» al encontrase en una zona del camping ampliada sin licencia. Afirman los damnificados que, ni antes ni ahora, el propietario de la instalación turística les informó de la existencia de ese proceso judicial, ni de la resolución del mismo en contra del camping.
Con la querella «buscamos justicia» y que «se condene por estafa» al empresario al que compraron los módulos y pagan una cuota anual por el alquiler y los servicios de esas parcelas. De darles los tribunales la razón, le reclamarán una indemnización.
A muchos de los afectados «nos gustaría poder seguir donde estamos, porque es el lugar que elegimos para pasar nuestras vacaciones». De hecho han solicitado ya al Consistorio que les vuelva a dar la luz y el agua mientras se resuelve la querella que van a presentar, pero son conscientes de que posiblemente tengan que marcharse dado el fallo del (TSJC). Algo que para ellos va a suponer un perjuicio económico -tendrían que buscar otro camping donde llevar su módulo, siempre que este soporte el traslado, y asumir este coste-, pero sobre todo sentimental. El camping de Ajo es para ellos el lugar donde pasan los veranos, donde han crecido sus hijos, donde han establecido grandes amistades y donde han sido felices. «Marcharnos de aquí y perder todo esto es el mayor daño».
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