Los acusados del vertedero de Zaldibar pactan con la fiscalía y las familias para evitar la cárcel

Este acuerdo debe ser ratificado ante un juzgado de lo penal. Lo que implica es que los investigados deberán aceptar su responsabilidad por el colapso de la instalación, indemnizar a las familias de las víctimas y pagar una multa. Estaban imputados por un delito de homicidio imprudente y otro contra los derechos de los trabajadores, que en caso de llegar a juicio podrían conllevar penas de más 4 años de prisión.

Fuentes oficiales de la Fiscalía informaron a EL CORREO de que una de las dos vertientes penales de la instrucción judicial del 'caso Zaldibar' ha concluido. Esto implica que, a partir de ahora, sólo va quedar abierta la investigación por los daños medioambientales provocados por el derrumbre del basurero. Además, desde el Ministerio Público añadieron que las «actuaciones» van a ser enviadas «al órgano «encargado de enjuiciamiento». Un portavoz autorizado de Verter Recycling confirmó la existencia del acuerdo, pero eludió realizar comentarios. Fuentes de las familias de las víctimas tampoco quisieron hacer valoraciones.

De esta manera, una de las dos investigaciones judiciales que se abrieron poco después del mayor desastre medioambiental de la historia de Euskadi está a punto de cerrarse. En el acuerdo que han sellado las distintas partes se recogen las diversas irregularidades en la gestión del vertedero que precedieron al colapso y testimonios de testigos.

Entre las supuestas negligencias figuran, por ejemplo, algunas de las conclusiones recogidas en la investigación de la Ertzaintza. Entre ellas destaca el hecho de que, tal y como adelantó EL CORREO, al menos dos estudios realizados en abril y en junio de 2018 -casi dos años antes del accidente- alertaron ya de importantes problemas de estabilidad en el vertedero de Zaldibar. El Gobierno vasco también puso en manos de la Fiscalía unos informes que señalan a la «construcción» de la escombrera como una de las causas del colapso del vertedero. De hecho, la empresa que construyó el basurero cambió la «práctica totalidad» del proyecto que había sido diseñado por otra ingeniería y que había conseguido la autorización del Gobierno vasco en 2007.

También son determinantes -según los mismos medios- las grietas que aparecieron en la escombrera del barrio de Eitzaga días antes de registrarse el colapso, de las que incluso avisó a sus superiores el propio Joaquín Beltrán, el trabajador sepultado cuyo cuerpo no ha podido ser recuperado. La empresa trató de tranquilizar a los operarios y encargó un estudio topográfico externo. Los técnicos acudieron un día antes del derrumbe a analizar las brechas, y colocaron sensores. Pero los residuos siguieron entrando hasta que el vertedero colapsó y enterró a Joaquín Beltrán y a Alberto Sololuze.

En base a los testimonios y a las pruebas recogidas durante meses, los investigadores sostuvieron que los imputados tenían supuestamente conocimiento de la gravedad de lo que estaba pasando en el vertedero y pudieron hacer algo más por evitar el desastre. Es decir, los tres formaban parte de la cúpula de la empresa. Y los tres -según la imputación judicial- tuvieron «capacidad» para decretar la paralización de la actividad de la planta antes de su colapso.

Al aceptar los cargos, los tres altos directivos de Verter Recycling buscan una sentencia de conformidad. En términos generales, esto quiere decir que los imputados reconocen su responsabilidad penal antes del juicio para conseguir una rebaja de la pena de prisión. En concreto, seis meses de privación de libertad, con lo que conseguirán no entrar en la cárcel, a la espera de lo que ocurra en el procedimiento que dirime los daños medioambientales.